Elecciones, un 'negocio' de 3 millones

Desde el punto de vista monetario, el límite que ha tenido cada formación política para gastar en la campaña electoral resulta de la multiplicación de 0,4367 euros por el número de habitantes de cada circunscripción. Así pues, el límite queda muy claro. Las formaciones no han podido excederse de una inversión de 3,67 millones de euros para invitar a la 'fiesta de la democracia' a la ciudadanía.

¿Y cómo se obtiene ese dinero? Teresa Rodríguez, candidata de Podemos a la presidencia de la Junta sorprendía hace unas semanas con un método novedoso en España pero que en otros países tiene una gran tradición. La formación de izquierdas se ha apoyado en las donaciones y el micromecenazgo para sufragar los gastos que han surgido de la campaña. Además, han prometido que el dinero que se invierta en este proceso será devuelto si obtienen la subvención que contempla la Junta por escaño conseguido.

Los demás partidos han seguido las vías clásicas de financiación, esto es, subvenciones públicas, donaciones y créditos bancarios, aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) «impide a cualquier persona física o jurídica aportar fondos a las cuentas electorales de un mismo partido, federación, coalición o agrupación por cuantía superior a 10.000 euros». Por lo tanto, la financiación de los partidos para las elecciones queda clara, así como la obligación de «identificar» a todo aquel que aporte fondos a los partidos, como se ha encargado de recordar la Junta Electoral de Andalucía (JEA). Este organismo también dejó claro antes de la campaña electoral que «quedaba prohibida la aportación a las cuentas electorales de fondos provenientes de cualquier administración o corporación pública, organismo autónomo o entidad paraestatal, de las empresas del sector público cuya titularidad corresponde al Estado, a las comunidades autónomas, a las provincias o a los municipios y de las empresas de economía mixta, así como de las empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios o realizan suministros u obras para alguna de las administraciones públicas».

Más población, más gasto

Por provincias, Sevilla sigue siendo la provincia con mayor margen para gasto electoral, con 847.789,73 euros; en segundo lugar Málaga con 708.313,43 euros; Cádiz con 541.584,42 euros; Granada con 401.525,99 euros; Córdoba en 349.098,85 euros; Almería se sitúa en 306.427,15 euros; Jaén 287.799,71 euros; mientras que Huelva tiene un límite de 226.747,30 euros. En total, 3,67 millones, una cifra similar a las prevista para las elecciones de 2012, variando levemente por el flujo de población con derecho a voto.

Una vez celebradas las elecciones, la Junta de Andalucía tendrá que hacer balance de cuánto le toca pagar a cada partido con representación en el Parlamento andaluz. Según el artículo 45.1 de la Ley 1/1986, por cada escaño conseguido se pagarán 22.299,12 euros. Además, por cada voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al menos, un escaño, 0,8229 euros. A esta cuantía hay que sumar otras subvenciones relacionadas con el «envío directo y personal a los electores y electoras de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral» y de otro tipo.

Si se suma la cuantía de todas las subvenciones que obtendrán los partidos por los 109 parlamentarios andaluces y se añade el cálculo con el IPC a un 7,8 por ciento, la cuantía puede superar los 7 millones, por lo que hay 3 millones de euros que quedarán libres para los partidos que hayan obtenido representación en la cámara autonómica.

Aparte de las subvenciones aprobadas directamente por la Junta de Andalucía, a través de la consejería de Hacienda y Administración Pública, las elecciones también le costarán dinero a todos los andaluces. Según el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, el coste de los comicios se ha rebajado en 3,2 millones respecto a 2012 y en 700.000 euros respecto a 2008. Esto quiere decir que la administración andaluza, competente para celebrar elecciones, ha tenido que hacer frente a 11,8 millones de euros, según los datos hechos públicos por De Llera.