El límite del 2% en alquileres será obligación solo para grandes propietarios

Esta limitación se extiende no solo a determinados colectivos más vulnerables, sino a todos los contratos de alquiler en vigor que tengan que enfrentarse a una renovación desde el 1 de abril. Pero será una obligación solo para los grandes propietarios (el que tiene más de 10 viviendas urbanas), mientras que para los pequeños tenedores no será un imperativo legal sino que se permitirá negociar entre las partes, aunque siempre con el tope del 2% en caso de desacuerdo. Así, inquilino y arrendador pueden acordar una subida inferior, superior o que el precio se quede igual. En la práctica será difícil que un inquilino acepte un alza mayor al 2%, pero el Gobierno ha preferido dejar abierta esta posibilidad.

Es la primera vez en la historia de la democracia que el Gobierno limita de esta forma la subida de renta de los alquileres, según confirmó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es una medida pensada para el arrendatario porque los que viven de alquiler «pueden estar teniendo muchos problemas para pagar su renta o les puede resultar imposible en estas circunstancias», señaló Díaz.

No hay registros públicos sobre número de alquileres, pero desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que en España hay unos 3,5 millones de inquilinos. Si los contratos se repartieran de forma uniforme en todos los meses del año, una cuarta parte deberían actualizar la renta de abril a junio, por lo que se verían beneficiados 900.000 personas de esta limitación de subida del alquiler.

Hasta ahora el problema al que se enfrentaban muchos inquilinos es que sus caseros podían exigirle una subida de la renta mensual del 7,4% (último dato de inflación disponible, del mes de febrero). Un registro que será incluso mayor en marzo, y que podría rozar el 10% a corto plazo. A modo de ejemplo, un alquiles firmado en febrero de 2021 podría haber subido un 7,6% dada la inflación de ese mes, por lo que si hasta ahora la renta acordada era de 1.000 euros, se incrementaría en 76 euros al mes, más de 900 euros al año. En cambio, con un límite del 2% la subida sería de solo 20 euros, 240 al año.

Aunque es una medida temporal, las agencias inmobiliarias no han recibido bien este anuncio. Desde Pisos.com, Ferran Font critica que el coste de la medida recaiga solamente sobre el propietario, que a su vez tiene que pagar sus facturas. En declaraciones a este periódico, Font considera que puede desembocar en que algunos retiren sus inmuebles del mercado del alquiler y menos pisos disponibles suponga una subida de precios que «dificulte la accesibilidad precisamente de los que tienen menos poder económico».

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamenta que cuando se habla de dueños de pisos se piensa en grandes empresas, «pero normalmente es gente normal». Aclaró que ni para esta ni para el resto de medidas aprobadas por el Gobierno ha habido ningún contacto con los empresarios.

Sin embargo, para la asociación de consumidores Facua es una medida «razonable», aunque cree que es necesario extenderla como mínimo hasta final de año. La medida es prorrogable, como ha sucedido con otras medidas aprobadas por la pandemia.