Consumo investiga a plataformas de pisos como Airbnb por anuncios sin licencia

Las multas impuestas por el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy podrían alcanzar los 100.000 euros al suponer una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aseguran desde este departamento. En este sentido, la Dirección General de Consumo ha enviado requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que anuncian en sus portales web después de haber identificado prácticas potencialmente ilegales.

El ministerio asegura que, según la información de las comunidades y ayuntamientos con competencias en el ámbito de la vivienda, «un número significativo» de viviendas turísticas estarían operando sin licencia. Por esta razón, el departamento de Bustinduy «ha decidido poner en marcha esta investigación» y así «proteger a los consumidores».

Con la información que se recabe de este expediente, Consumo estudiará la posibilidad de sancionar, con infracciones que podrían multarse con hasta 100.000 euros, una cantidad que incluso puede superarse hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, explican fuentes de Derechos Sociales.

El problema es importante, ya que en muchas ciudades la oferta de pisos de alquileres de larga estancia se ha reducido por las plataformas de viviendas turísticas, lo que ha incrementado los precios. Y más grave es cuando el Gobierno calcula que más del 90% de los pisos anunciados en estas plataformas no cumplen con la normativa, según aseguró la secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea.

Aseguró que, si los alojamientos son ilegales, «su publicidad también lo sería», por lo que los anuncios en este tipo de plataformas es ilícita y «competencia del ministerio perseguirla, inspeccionarla y, en su caso, sancionarla».

El ministerio ha pedido a las plataformas que identifiquen a los arrendadores que alquilan pisos en sus web y sepan con exactitud si dichos propietarios disponen de las licencias pertinentes dependiendo de la regulación de cada comunidad autónoma o ayuntamiento. Algunas de las ciudades más tensionadas por el problema de la vivienda como Madrid y Barcelona, han comenzado a imponer medidas para identificar anuncios ilegales aunque con un impacto reducido por el momento. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida anunció hace unas semanas que quedaban suspendidas las nuevas licencias para viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad hasta que tengan lista la nueva regulación el año que viene.

Y a nivel estatal, el Gobierno anunció el pasado diciembre la apertura de un grupo interministerial para estudiar posibles medidas. En una reunión reciente de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con los consejeros autonómicos del ramo, anunció que creará una plataforma estatal donde se recojan los datos de todos los alojamientos turísticos.