El Gobierno aplaza otra semana el sistema para poder recuperar el dinero

El motivo vuelve a ser la negociación política, clave para poder sacar adelante el proyecto. El Gobierno necesita validarlo en el Congreso con el apoyo del PSOE, además del de Ciudadanos. Así lo han reconocido fuentes de Economía, después de que algunos responsables del partido socialista mostraran sus reticencias al texto propuesto por el Ejecutivo. De hecho, su portavoz de Economía, Pedro Saura, ha indicado que tendrían que estudiar «la letra pequeña» del decreto para aprobarlo.

Además, el Ministerio de Economía afirma que es necesario pedir un dictamen al Banco Central Europeo (BCE) porque se trata de una cuestión que afecta al sistema financiero. Aunque en ningún caso su opinión será vinculante.

De este modo, el Gobierno paraliza por segunda vez en dos semanas la posibilidad de aprobar una herramienta que esperan los millones de afectados por las cláusulas suelo para saber cómo actuar ante sus entidades y recuperar su dinero.

Después de que el 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara que era obligatoria la devolución íntegra de esas cantidades que superaban los suelos hipotecarios con efectos retroactivos, y no sólo hasta el mes de mayo de 2013, Economía avanzó que habilitaría una fórmula con la que se quería evitar el colapso judicial.

En el primer intento, en el consejo de ministros del 30 de diciembre, se frenó la propuesta, al tratarse de un código de buenas prácticas al que la banca podía adherirse voluntariamente. Este hecho provocó resquemor entre las entidades, porque quedarían retratadas en el caso de que no quisieran sumarse.

Flexibilidad al sector

El texto que mañana iba a aprobar el Ejecutivo sí era del agrado de la banca, según indican fuentes cercanas a la negociación. El Gobierno iba a dejar en el aire la recuperación total de las cantidades que cada usuario debería obtener en este proceso. En primer lugar, porque ofrecía la flexibilidad suficiente como para que cada banco determinase la cantidad a devolver a los clientes: podría tratarse del capital, los intereses o ambos conceptos. Si el cliente no estaba de acuerdo, entonces debía acudir a la vía judicial.

Además, desde la organización de consumidores Adicae se mostraban contrarios a la posibilidad de que el banco no tuviera que informar «de oficio» a cada usuario sobre la aplicación de los suelos, así como las cantidades vinculadas a los mismos, y tuvieran que ser los ciudadanos los que reclamaran a sus entidades.

La intención de Economía era desincentivar las demandas judiciales de los ciudadanos. Para ello, el consumidor no tendría derecho a obtener a su favor una concena en costas si rechazaba la oferta efectuada por su banco e interponía una demanda en la que no tuviese un fallo más favorable que la propuesta de la entidad. Al mismo tiempo, se pretendían disuadir las demandas colectivas de los grandes bufetes.

El ministerio también tiene la intención de reformar la Ley Hipotecaria, aunque tampoco lo hará este mismo viernes. Se pretende adaptar a la directiva de 2014 en la que se regulan los contratos hipotecarios, y cuya transposición había quedado al margen de la actuación gubernamental. Ante cualquier cambio normativo que pueda afectar al sector, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha advertido de que no se puede legislar «en contra» del 98% de los hipotecados pensando en el 2% que han sufrido desahucios.

Por otra parte, la agencia Standard & Poors estima que la retroactividad de las cláusulas suelo afectará a los resultados del sector bancario, «pero no a su solvencia».