España tiene el parque de vivienda social más débil de Europa

Estos datos se recogen en el primer informe de Amnistía Internacional sobre la vivienda 'Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España', en el que denuncia que cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla en ejecuciones hipotecarias, debido al desempleo y al sobreendeudamiento, desde que comenzó la crisis en 2008.

Durante la presentación del estudio, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha señalado que "el derecho a la vivienda corre peligro en España" y que "las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho". Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica, ha aseverado.

Entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria en España, según el Consejo General del Poder Judicial. "Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han aprobado leyes que desarrollen el contenido y el significado del derecho a la vivienda, ofrezcan garantías adecuadas y permitan impugnar las violaciones de este derecho ante los tribunales", ha subrayado Beltrán, quien ha lamentado la falta de protección de las personas que están en peligro de sufrir un desalojo.

A su juicio, las medidas adoptadas desde 2012 por el Gobierno para mejorar la situación de estas personas, como el Código de Buenas Prácticas para los bancos o el Fondo Social de Viviendas o la "ley de segunda oportunidad", son "insuficientes" para que España cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La investigación de Amnistía se centra en las comunidades de Madrid y Cataluña, debido al elevado número de desalojos que se ejecutan en ambas regiones, el gran número de viviendas vacías y el auge de movimientos sociales activos. Estas regiones han aplicado políticas orientadas a la austeridad "deliberadamente regresivas e injustificadas que contravienen el derecho a la vivienda", ha resaltado el investigador y autor del informe, Koldo Casla.

Reducción de la partida

La partida de vivienda de los Presupuestos Generales del Estado se redujo en más de la mitad desde 2008 hasta 2015 y las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95 euros por persona en 2008 a 27,79 euros en 2012 en España, mientras que la media de la Unión Europea fue de 134,65 euros por persona en 2012.

La organización ha llamado la atención sobre el elevado número de viviendas vacías existentes en España, que ha cifrado 3,44 millones, el 30% de las viviendas vacías de Europa, según el censo de 2011, "un importante recurso" que considera que "las autoridades pueden y deben usar para garantizar el derecho a la vivienda".

AI ha criticado que las autoridades públicas no hayan explicado las razones para abreviar el periodo de calificación de la vivienda social (el tiempo en que puede seguir siendo un bien público antes de pasar a manos privadas). También ha lamentado que las autoridades de Madrid y, en menor medida las de Cataluña, hayan vendido parte de sus viviendas sociales a sociedades de inversión, reduciendo un parque ya limitado. Y ha denunciado que hayan restringido la disponibilidad de las prestaciones sociales (renta mínima de inserción) desde 2011 y 2012, lo que ha afectado a la capacidad de las personas para no caer en la pobreza y la exclusión social, incluido el acceso a una vivienda en el sector privado.

Ante esta situación, AI ha planteado una serie de medidas para defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios.

Entre ellas destaca la modificación de la ley de enjuiciamiento civil para garantizar que los jueces pueden evaluar en cada caso la proporcionalidad y racionalidad de un desalojo y la creación de un mecanismo obligatorio que supervise la negociación entre bancos y familias para garantizar que el desalojo es el último recurso.

Además, ha instado a las autoridades a abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales y adoptar medidas para proporcionar el acceso a la vivienda, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública.