Tres de cada cuatro nuevos empleos duran menos de un año

Y para argumentar que eso no es cierto echó mano de las datos que aparecen en el mencionado estudio y que, además, según recalcaron, están extraídos de dos fuentes oficiales como son el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Encuesta de Población Activa (EPA). De ahí se extrae que un 90,3% de los nuevos empleos son temporales (y más de un tercio de ellos a tiempo parcial), pero además el 27,5% dura menos de una semana y el 73,4% de los nuevos asalariados tiene un contrato con una duración inferior a un año, es decir, que tres de cada cuatro nuevos empleos ni siquiera duran 12 meses. A su vez, denunciaron que la rotación laboral ha aumentado con la crisis y se ha acelerado tras la reforma laboral, tal y como se pone de manifiesto en el hecho de que en 2016 cada trabajador firmó de media 4,6 contratos temporales, frente a los 3 que se registraban antes de la recesión. «Pese a que algunos no quieran verlo, la temporalidad va en aumento y no podemos dar la espalda a la realidad", denunció Santillana.

Ante este panorama, CC OO considera "necesario" incrementar "de forma considerable" tanto la cotización a la Seguridad Social de los contratos temporales como las sanciones administrativas que se imponen por fraude y encadenamiento de contratos para luchar contra la precariedad laboral. Así lo anunció el sindicato, que avanzó que remitirá al Ministerio de Empleo una serie de propuestas para atajar los problemas que tiene el mercado laboral.

"No se trata de abaratar las cotizaciones", explicó Santillana en clara alusión al proyecto del Gobierno de crear un sistema de 'bonus-malus' que premie a las empresas con menor temporalidad y castigue a las que abusan de ella. "A las compañías que cumplen la ley no hay que bonificarlas ni incentivarlas", precisó. En opinión del sindicato, se trataría de incrementar "de forma considerable" las de los contratos eventuales, y hacerlo de forma progresiva, de forma que subirían más las cotizaciones para los contratos de más corta duración y en menor proporción para los que duran más.

A su vez, también plantearon elevar las sanciones administrativas por encandenar contratos de forma fraudulenta, ya que la sanción actual de 600 euros es "irrisoria" y en ningún caso persuasiva. "Se está generando un uso y abuso de estas fórmulas en multitud de empresas", afirmó Mercedes González, secretaria de Acción Sindical de CC OO, que también apostó por reforzar la inspección de trabajo y dotarla de recursos suficientes para perseguir este caudal de desregulación y abusos. Según sus estimaciones, hay más de 10 millones de horas de trabajo que se realizan de forma ilegal, por lo que "es imprescindible el control de la jornada". "Hay que modificar el contrato a tiempo parcial, limitar el número máximo y mínimo de horas y compensar la totalidad de las horas complementarias pactadas", exigió González.

Además, el sindicato liderado por Unai Sordo apuesta por eliminar las bonificaciones/deducciones dirigidas a la contratación temporal y que -según sus datos- representan el 75% del total. "¿Cómo no van a aumentar los trabajos eventuales?", se preguntó Santillana, que precisó que "si queremos que haya mayor contratación indefinida, lo primero es no seguir incentivando la contratación temporal".

De esta forma, CC OO cargó contra las propuestas que el Ministerio envió hace poco más de diez días a los agentes sociales en el marco de la mesa por la calidad del empleo. "Si los contratos duran menos de un año y una de las cuestiones es una indemnización creciente que va por encima del año, ¿a quién va a afectar?", ironizó la secretaria de Empleo del sindicato, afirmando que eso "no va a solucionar los problemas del mercado de trabajo".

Las medidas que el Gobierno planteó en un borrador al que ha tenido acceso este periódico pasan por reducir de cuatro a tres los contratos, de forma que hubiera uno indefinido, el contrato temporal pasara a ser de "protección creciente" y el de prácticas quedara absorbido en el formativo. Así, el Ministerio pretende reforzar el principio de causalidad, "de manera que será siempre y en todo caso la concurrencia de una necesidad temporal concreta de mano de obra la que justifique la celebración de un contrato de duración determinada", según consta en el escrito. Y para ello elimina los contratos de duración determinada a término y el del primer empleo joven.

Así, el contrato de protección creciente tendría una indemnización por despido que fuera de 12 días el primer año de trabajo, de 16 días para el segundo año y a partir del tercero se elevaría a 20 días, para igualarse así con los indefinidos. A su vez, precisa que "estos contratos no podrán tener una duración superior a dos años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior y, en defecto de ambos, por los convenios colectivos de empresa".