Trabajo prevé convertir el año que viene 100.000 empleos temporales en indefinidos

El control de este tipo de contratos se traducirá en esos cien mil nuevos indefinidos, lo que representa un incremento del 11,1% respecto a la ejecución prevista para este año de conversión de 90.000 empleos temporales en indefinidos tras haber investigado cerca de medio millón de contratos. Estas cifras dejan una ratio de que uno de cada cinco convenios temporales no cumple la ley.

No obstante, el año que viene, Trabajo prevé comprobar todos los contratos laborales con una nueva herramienta, la HLF (Herramienta de Lucha contra el Fraude), que permitirá mediante el análisis masivo de bases de datos, investigar todo el universo de los contratos.

La actividad inspectora del Ministerio de Trabajo se reorientará para hacer frente, según el Ejecutivo, al «debilitamiento de las condiciones de trabajo producido en los años precedentes, recuperar derechos laborales, y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo».

La inspección se centrará en el abuso de la contratación temporal especialmente en los trabajadores jóvenes, en el uso fraudulento de los contratos a tiempo parcial y en el uso fraudulento de los contratos de fijos discontinuos. Dada la relevancia adquirida por este tipo de relación laboral, se ha incluido este nuevo indicador para 2023.

Con la reforma laboral se ha ampliado sustancialmente el ámbito de aplicación de los contratos de fijo discontinuo, de manera que ahora puede utilizarse para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporadao para trabajos que tienen periodos de ejecución ciertos; también para la prestación de servicios en el marco de contratas mercantiles o administrativas previsibles y que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa; y pueden utilizarse por empresas de trabajo temporal para cubrir contratos vinculados a necesidades temporales de empresas usuarias.

Con todo ello, los contratos de fijos discontinuos se han triplicado y se presentan como una alternativa a los temporales. Desde que la empresa contrata a una persona trabajadora fija discontinua, ésta pasa a formar parte de la plantilla de la misma, contando con los mismos derechos que un indefinido aunque con las particularidades de su actividad discontinua. La empresa da de alta en la Seguridad Social al trabajador mientras desarrolla su prestación con las mismas cotizaciones que un indefinido; y cuando acaba el periodo de trabajo se le da de baja y puede solicitar la prestación de desempleo si cumple los requisitos.

Asimismo seguirán bajo la lupa de la inspección las cotizaciones indebidas de salarios, los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios (las empresas contratatan a trabajadores bajo estas figuras de autónomo o becario para ahorrarse las cotizaciones sociales).

Se reforzará el control en materia de impago de salarios, total o parcial, así como el retraso en los mismos, con especial atención al Salario Mínimo Interprofesional; y en materia de tiempo de trabajo, tanto de los casos de horas extra irregulares como del trabajo a tiempo parcial que enmascara jornadas de trabajo superiores. En concreto, el Ministerio de Trabajo prevé realizar 27.000 actuaciones sobre el control del tiempo de trabajo el año que viene.

Por otra parte, el departamento de Yolanda Díaz proyecta realizar un millón y medio de controles para comprobar si se cumplen los requisitos en las prestaciones por desempleo y que se produzcan medio millón de reclamaciones de reintegros de ingresos indebidos. Una cifra que apenas supera la tercera parte de las reclamaciones que se llevarán a cabo este año, pero que desde el ministerio justifican en que se trata solamente de objetivos para los presupuestos. De hecho, todos los años la ejecución supera con creces las previsiones, por lo que el objetivo marcado es ciertamente muy conservador.

Junto con el control, el Ministerio de Trabajo también se volcará en la detección de necesidades formativas para la recualificación del mercado laboral, entre ellas las capacidades digitales y para la transición ecológica, y para anticiparse a los cambios y responder a la demanda que se pueda producir.

En este contexto, el Gobierno prevé que cuando acabe 2025 al menos 825.000 personas hayan completado programas de formación con el fin de adquirir capacidades para la transformación digital, ecológica y productiva. Por el camino se habrán desanimado o dado de baja 150.000 personas, ya que calculan que habrá 975.000 matriculados en estas acciones de formación.