El Supremo pide a Europa que aclare si los interinos pueden ser fijos sin oposición

Lo ha hecho, según reconoce el propio Supremo en una nota pública, «ante las dudas que ha suscitado la aplicación de la sentencia del TJUE de 22 de febrero de 2024» en la que fijaba criterio sobre la situación de los interinos. En el último fallo conocido de la Sala Social del Supremo, se negaba a convertir automáticamente a los trabajadores públicos temporales en fijos, por muchos años que lleven en esta situación, es «incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente».

El Supremo rechazaba así de forma categórica que este fuera el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando en el fallo dictado el pasado 22 de febrero cargaba contra España por no poner remedio a la excesiva temporalidad pública, que se sitúa en el entorno del 30%, y sugería que, a falta de medidas adecuadas para prevenir y sancionar esta situación, una solución para corregirlo podría ser convertir esos contratos temporales de larga duración en fijos.

Pero, al mismo tiempo, fuentes jurídicas aclaraban que esa sentencia no implica un choque con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que instaba a resolver el limbo laboral en el que se encuentra este colectivo desde hace años. De hecho, esas fuentes insistían en que preguntarían al TJUE «de forma inminente» para «clarificar si las medidas del ordenamiento jurídico español se ajustan al derecho de la Unión». Sin embargo, han dejado también claro que el TJUE «nunca» dijo que la única solución para los indefinidos no fijos fuera la declaración de fijeza y preveía expresamente «otras soluciones alternativas».

Lo paradójico de que el Supremo descartase convertir a los interinos en fijos sin oposición es que lo hace tres meses después de que admitiera que tenía «importantes dudas» acerca del alcance que tenía el fallo del Tribunal europeo «en determinados aspectos», y anunció que iba a plantear una cuestión prejudicial a Europa para preguntarle cómo debe aplicarla, ya que tiene «múltiples recursos» pendientes de resolución.

Los principales interrogantes que reconocía el Alto Tribunal eran sobre cómo puede hacer compatible la doctrina por la citada sentencia con las normas relativas al acceso al empleo público, así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Habrá que esperar, por tanto, a la sentencia definitiva que marque doctrina, aunque esta ya vaticina que no se puede equiparar a fijos e interinos.

El último fallo del Supremo suponía un jarro de agua fría para los centenares de miles de interinos que llevan años encadenando contratos en la Administración pública y tenían aspiraciones de convertirse en funcionarios de la noche a la mañana sin pasar por un examen u oposición. El Tribunal tiene claro que esta no es la solución para acabar con el abuso de la temporalidad en del sector público y que no es el único camino que marca la justicia europea, pese a que así lo han interpretado muchos juristas e incluso tribunales que están dictando sentencias en ese sentido.