Una subida salarial para los funcionarios en función del crecimiento económico

No queda mucho tiempo para decidirlo, puesto que el Ejecutivo prevé aprobar los Presupuestos Generales de 2018 el próximo viernes 22, donde ya debe reflejarse el dinero destinado para este fin. Por eso, el Ministerio de Hacienda y los sindicatos están ahora en una carrera contrarreloj para tratar de llegar a un acuerdo, y todo parece indicar que será a tres años vista. Así se lo propusieron los sindicatos el jueves pasado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la primera toma de contacto mantenida tras el verano, algo que ven con buenos ojos.

Pero a lo que se opone es a otra de las reivindicaciones de las organizaciones de los trabajadores: vincular la subida al IPC para que, en ningún modo, los funcionarios vuelvan a perder capacidad de compra, tal y como confirman los sindicatos y algo que desde el ministerio ni afirman ni desmienten. El Gobierno considera que este indicador no es válido y quiere basar esta subida salarial en otro factor macroeconómico, como es el crecimiento del PIB.

Esto es lo que dejó caer en la mesa en la reunión del pasado jueves, aunque sin dar ningún detalle más, tal y como señalan los sindicatos, que descartan que sea ligarlo solo al PIB. Efectivamente, parece más que improbable que Montoro ofrezca subidas salariales equiparables al crecimiento del PIB, puesto que para 2018 se estima que crezca un 2,6%, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020. Serían demasiadas buenas noticias. Lo que parece es que desde el Gobierno quieren reflejar que la subida salarial tiene que ir acompasada al crecimiento del país. Es decir, si la economía marcha bien, podrá haber incrementos; de lo contrario, no, tal y como explican fuentes de CSiF.

Los sindicatos se muestran "expectantes". Desde UGT señalan que valoran esta propuesta –que "no es firme"– como "un factor más a tener en cuenta", pero que están a la espera de que Hacienda les envíe la fórmula concreta. Ellos piden que les especifique cómo sería, en qué partidas iría y en qué situaciones se daría. Lo que sí reiteran es que "parece que hay buena disposición".

CC OO, por su parte, sostiene que el Gobierno se basa para hacer esta propuesta en el acuerdo interconfederal del año 2012, en el que se hablaba de una subida que sería fija y otra variable, que en este caso estaría ligada al PIB. Lo que asegura la formación liderada por Unai Sordo es que Montoro les repitió varias veces que tiene que llevar al Congreso un porcentaje concreto de alza para el debate parlamentario, pero que de todos modos posteriormente seguirán negociando. Y esta cifra es la que están esperando que les comunique a los sindicatos en la reunión que supuestamente mantendrán esta semana para continuar debatiendo sobre el tema.

Al Ejecutivo le interesa dar un impulso al sueldo de los funcionarios, que sirva incluso de palanca para las empresas, y que les ayude a ganar apoyos parlamentarios. "Estamos en un punto en el que al Gobierno le toca hacer un gran esfuerzo. En breve veremos hasta dónde llega su buena disposición", sostienen fuentes de CSiF.

Lo que los tres sindicatos mayoritarios reiteran es que no aceptarán de ninguna manera una nueva pérdida de poder adquisitivo, como viene ocurriendo desde el inicio de la crisis, que calculan ronde entre un 15% y un 20% en este periodo, tras los recortes del Gobierno y posterior congelación. De hecho, este año volverán a tener menos capacidad de compra, puesto que la subida es del 1% -igual que en 2016- y la inflación está prevista en un alza del 1,6%.