Un imposible pacto de rentas para repartir el coste

Desde muchos ámbitos se reclama un pacto de rentas, pero la mayoría lo da por imposible, entre otras razones porque se ha quedado medio vacío de contenido tras las decisiones adoptadas por el Gobierno respecto a la subida de las pensiones, el incremento de las cotizaciones sociales y el acuerdo sobre los funcionarios. Un pacto de rentas es un pacto global que no solo tiene que ver con los salarios, sino que afecta también a todo tipo de rentas –incluyendo pensiones y función pública– y a los impuestos.

Pero queda otra vía para negociar los salarios: los famosos AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), que no son vinculantes pero sirven de guía y recomendación. El último AENC se firmó en 2018 para 2018, 2019 y 2020. Aunque tampoco se vislumbra que los agentes sociales lo vayan a alcanzar este año, con elecciones en la patronal a la vuelta de la esquina y la recesión asomando. Y, sin embargo, hoy sería más necesario que nunca.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, defiende las subidas del 5% registradas en Europa como una vía para evitar el aumento de la morosidad y una crisis financiera. A su vez, el Banco de España reclama que las empresas y los hogares pacten «el reparto de costes para que todos ellos asuman una pérdida de renta real».

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, recalca que «España necesita un acuerdo salarial para orientar la negociación colectiva en los próximos dos años y medio donde partamos de incrementos salariales razonables del año 2022 y 2023, acompañados de compromisos de recuperación del poder adquisitivo». También el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aboga por un nuevo acuerdo: «No vamos a dar por perdido un nuevo AENC. En España se crea mucha riqueza y no se reparte». Y desde la patronal insisten en que el AENC «sería deseable» y no solo para fijar subidas salariales sino para mucha otras cuestiones como el teletrabajo, formación, igualdad... pero culpan a las «posiciones rígidas y cláusulas rígidas» de los sindicatos de «impedir la negociación», según Olimpia del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad de CEOE.

No obstante, el pacto en la Función Pública ha supuesto un cambio de registro. Los sindicatos han renunciado a una indexación plena de los salarios con el IPC y la han sustituido por una vinculacion limitada y repartida en varios años. A la postre, es aceptar una pérdida de poder adquisitivo si la inflación es alta. No es un tema menor que acepten esto porque la vinculación directa y total al IPC es la condición inasumible para la patronal. Los sindicatos justifican el acuerdo sobre los funcionarios porque se ha pactado también la jornada de 35 horas semanales. «Si la patronal acuerda la jornada de 35 horas podemos ajustar la recuperación salarial», apunta la secretaria de Acción Sindical de CC OO.

En el AENC de 2012 se acordó revisión salarial vinculada al crecimiento del PIB. «Fue un gran ejemplo de responsabilidad de los agentes sociales», señala Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights y ex secretario de Estado de Empleo con Fátima Báñez, que espera que se vuelva a mostrar esa responsabilidad para llegar a un pacto de rentas «donde todos tienen que aportar». Y recalca que el Gobierno, con la subida de las cotizaciones sociales se ha comido parte del margen que tendrían las empresas para mayores subidas salariales.

Ocho de cada diez empresas han visto incrementarse sus costes de producción, pero sólo el 38% lo han repercutido en el precio de venta. Aún así, los márgenes empresariales han vuelto a los niveles de 2019, según el Banco de España. Mientras, la OCDEavisa de que España será, junto con Grecia, el país donde más caerán los salarios reales por el impacto de la inflación: una bajada del 4,5% frente al descenso del 2,6% en Alemania o del 0,6% en EE UU.