El Gobierno estudia reducir la semana laboral a cuatro días

«Me consta que el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz la está estudiando y, en el marco de una línea que ha sido definitoria del Ministerio, que es el diálogo social, se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo», precisó en una entrevista en televisión el líder de Unidas Podemos, formación que –tal y como recordó– siempre se ha mostrado partidaria de esto. Sin embargo, no quiso entrar a hablar de qué plazos manejan desde el Ejecutivo, ya que apuntó que eso «depende» de Trabajo, que es el ministerio sobre el que recae esta competencia.

Yolanda Díaz no eludió esta polémica e incluso compartió a través de las redes sociales esta intervención del vicepresidente. Aunque no confirmó que su departamento estuviera ya estudiando su aplicación, sí se mostró a favor de abrir un debate en torno a este tema. «El tiempo de trabajo exige una nueva concepción, que atraviese, como ya estamos haciendo, leyes y usos laborales», defendió la política gallega, que aseguró que «la reducción de jornada, el control de horas extraordinarias, el derecho a la desconexión o la conciliación son elementos que deben dialogar en este necesario debate».

Fuentes de su departamento precisaron a este periódico que su compromiso siempre ha sido estudiar el tiempo de trabajo, por ser «la clave del siglo XXI», pero puntualizaron que se abordará «en su integridad»: la jornada, su distribución irregular, las horas extras...

En realidad, en el programa del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, aunque no se hablaba explícitamente de una reducción de la jornada, ya se recogía su intención de promover un pacto social y político para la racionalización de los horarios y usos del tiempo con el objetivo de «reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados». El programa de coalición planteaba además el derecho a la desconexión y a la adecuada gestión del tiempo de trabajo dentro de la normativa laboral, así como a la protección efectiva en los casos de embarazo y lactancia.

Y precisamente la actual ministra en su época como diputada llevó en el año 2018 al Congreso una proposición de ley sobre el tiempo de trabajo corresponsable, con la que pretendía garantizar «un reparto equitativo de tiempos de trabajo y de cuidado» y el «derecho a la adaptación a la persona y a la desconexión del trabajo». En esta línea, justo antes de que estallara esta pandemia, el Ministerio de Trabajo anunció que estaba preparando una ley para dar más flexibilidad horaria a los trabajadores, que buscaba también regular las bolsas de horas, incorporar el tiempo de trabajo en los empleos a tiempo parcial y otras modalidades contractuales. Es más, en pleno confinamiento se aprobó el 'Plan Me Cuida', que –prorrogado aún hasta el próximo 31 de enero– permite a los trabajadores con hijos a cargo o personas dependientes cambiarse el horario de trabajo o reducírselo incluso al 100% sin que los empresarios puedan tomar represalias.

Sin embargo, ni el PSOE ni Unidas Podemos respaldó esta misma semana una enmienda a los Presupuestos presentada por Más País y Equo que defendía desplegar un proyecto piloto para dar ayudas a empresas que ensayen la aplicación de una jornada laboral de cuatro días, algo que, pese al voto en contra, Iglesias calificó ayer de «interesante». Ayer anunciaron que la llevarán también al Senado.

Concretamente, la formación liderada por Íñigo Errejón planteaba destinar 50 millones de euros –que se nutrirían del Fondo de Recuperación y Resiliencia– para incentivar a las empresas que así lo hicieran y complementar esa reducción de horas de sus trabajadores hasta que se consolide el incremento de producción derivado del mayor rendimiento del empleado con este modelo. La Comunidad Valenciana tiene previsto desplegar en su ámbito territorial una iniciativa similar.

Este debate no es nuevo. UGT lleva tiempo reclamando una jornada semanal de 32 horas. En Alemania este verano también se abordó la semana de cuatro días. De hecho, se han hecho experimentos en este sentido y algunas empresas en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Alemania, Suiza y otros países ya la aplican.