La cláusula de revisión con el IPC, el gran escollo para un acuerdo salarial
La CEOE rechaza blindar los sueldos a los vaivenes de los precios mientras los sindicatos avisan que no tolerarán una pérdida de poder adquisitivo
En un escenario extremadamente complejo, con una pandemia que aún no se puede dar por terminada y una guerra que está poniendo a prueba una ... economía todavía afectada por la crisis sanitaria, sindicatos y empresarios negocian el nuevo acuerdo para la negociación colectiva que marcará la subida salarial de la mayor parte de trabajadores españoles, de forma totalmente independiente del pacto de rentas que pretende rubricar el Gobierno. Y el gran escollo no es, como en otras ocasiones, la cifra, sino el compromiso de blindar el poder adquisitivo de los trabajadores con una cláusula.
La presión es máxima. Y en este caso también la discreción. Llevan ya dos semanas de encuentros y contactos y el objetivo es cerrar este mismo mes un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los próximos tres años, al menos en lo que se refiere al alza salarial, aunque su pretensión es hacer un pacto amplio que incluya más temas, como productividad, absentismo, teletrabajo, igualdad... Las posturas de ambas organizaciones no están tan alejadas como parecen, según deslizan a este periódico fuentes cercanas a la negociación. «Se va avanzando pero todavía hay discrepancias», explican a este medio.
Encima de la mesa ya se han puesto cifras, que están muy por debajo de la actual inflación, que se disparó en el mes de febrero hasta el 7,6%, máximos de hace más de treinta años. Los sindicatos han rebajado su pretensión inicial de pedir una subida del 5% para este año, mientras que la CEOE podría estar dispuesta a aceptar un incremento en el entorno del 6% pero para el periodo de los próximos tres años.
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La posición de la patronal está en línea con la que mantiene el Banco de España, que pidió el pasado lunes tanto a empresas como a trabajadores apretarse el cinturón asumiendo entre ambos el incremento de precios y costes: los primeros a través de unos límites en el reparto de dividendos y los segundos mediante una moderación salarial. «Si no hay posturas de máximos, puede haber un acuerdo. No es tan difícil entre lo que piden unos y otros», desliza una fuente.
El principal obstáculo en esta negociación está en la exigencia de los sindicatos de blindar los salarios con la inflación a través de la introducción de una cláusula de garantía salarial que obliga a revisar la subida de los sueldos a final de año para que, en caso de que la inflación sea mayor, compensar ese diferencial. «Sin cláusula de salvaguarda no puede haber acuerdo en este momento. De este esquema no nos vamos a mover», advirtió este miércoles el secretario general de CCOO en rueda de prensa. «Queremos garantizar el poder adquisitivo de los salarios con estas cláusulas, aunque con un periodo de tiempo flexible», recalcó su homólogo de UGT, Pepe Álvarez. Pero para CEOE esta es una línea roja que en ningún caso están dispuestos a aceptar y desde la patronal rechazan tajantemente vincular los sueldos a la inflación porque entonces se convertiría en estructural, tal y como ha dicho reiteradamente su presidente, Antonio Garamendi. «Entonces perderemos todos», advierte.
Incluir este mecanismo de revisión podría suponer que finalmente los salarios de los cerca de diez millones de trabajadores que pueden estar cubiertos por un convenio se elevaran por encima del 8%, que es la previsión media que ya realiza Funcas (8,6%).
Llamamiento a movilizarse el próximo día 23
Ante esta «brutal y desproporcionada» subida de precios, los sindicatos –junto a otras asociaciones– llamaron este miércoles a la ciudadanía a movilizarse el próximo miércoles 23 para exigir al Gobierno y a la UE medidas concretas a «una coyuntura que dura ya demasiado tiempo», como denunció Álvarez. Las protestas se extenderán por las principales capitales del país así como otras localidades.
Las manifestaciones se producirán un día antes del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo en el que los líderes europeos analizarán opciones para desligar la subida de precio de la electricidad de la del gas.
CC OO y UGT rechazaron también una bajada de impuestos como respuesta a la escalada de los precios que baraja el Gobierno dentro del Plan Nacional de respuesta a la guerra. Para Álvarez esa medida supondría «rebajar la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza y aumentar los beneficios de las empresas. «El debate no es bajar los impuestos, es poder garantizar a los ciudadanos una solución por la vía del control de precios», remarcó.
Sordo, por su parte, considera que promover una bajada de impuestos solo pretende «ocultar la raíz del problema» y resulta «un disparate». «Se trata de tocar, temporalmente, algunas figuras impositivas que puedan reducir los costes para las personas más vulnerables. Otra cosa es meter por medio un programa político que llevaría a la ruina a nuestro país en el medio plazo», advirtió.
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