¿Sirve para algo el descuento de 20 céntimos sobre los combustibles?

En este contexto, varios países europeos han implementado medidas de intervención en estos mercados con el fin (aparente e intencionado) de reducir los precios finales pagados por los consumidores: la fijación de precios máximos en Eslovenia, por ejemplo; las reducciones impositivas en Irlanda o Bélgica, o subsidios, como en el caso de España.

A finales de marzo de 2022, el Gobierno español anunció que a partir del 1 de abril entraría en vigor una medida temporal (que ya ha anunciado que estaría dispuesto a prolongar hasta el otoño), consistente en la reducción de 20 céntimos por litro en el precio final de los hidrocarburos en las estaciones de servicio.

Pero la medida traía un matiz importante: las estaciones pertenecientes a empresas con capacidad de refino en España (Repsol, Cepsa y BP), y que además son las de mayor presencia en el país, deberían descontar 5 céntimos mientras el Estado aportaría los otros 15. Para las otras estaciones, el descuento sería íntegramente cubierto por fondos públicos (20 céntimos).

Hemos analizado los efectos que las distintas medidas adoptadas por los Gobiernos europeos han tenido sobre los precios del diésel y la gasolina de 95 octanos en Europa. Y, entre ellos, los cambios en España. Veamos este caso concreto.

Hemos trabajado con un panel de datos de los precios medios semanales para Europa de la gasolina 95 y el diésel, tanto antes como después de impuestos, durante 19 semanas de 2022: desde la primera semana de enero hasta la segunda semana de mayo. Además, se han analizado los datos de la cotización semanal media del barril de crudo tipo Brent, expresado en euros (tras aplicar tipo de cambio).

Para poder evaluar los efectos de la intervención del Gobierno en los precios de los hidrocarburos, se necesita información no solo de cómo se ha comportado la variable de interés (en este caso, los precios) en el grupo afectado (España), sino también en otro grupo no afectado por la política, el grupo de control.

Por suerte para nuestro análisis, varios países europeos no implementaron política alguna en el periodo estudiado (Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Suecia), conformando sus precios medios de los hidrocarburos el grupo de control.

Nuestro objetivo ha sido observar cómo se han comportado los precios en España tras la política aplicada por el Gobierno, respecto de aquellos países en los que no se ha aplicado política alguna. La pregunta es: ¿qué precios hubieran tenido los hidrocarburos en España si la política no se hubiera aplicado?

Los resultados de nuestras estimaciones son claros: los precios medios aumentaron en España en, aproximadamente y en media, 5 céntimos. La gasolina 95 incrementó 2,7 céntimos de euro antes de impuestos y 3,7 después de impuestos. El diésel aumentó aún más, llegando a 4,1 y 6 céntimos de euro antes y después de impuestos, respectivamente.

Como cuestión técnica, queremos resaltar que España y los países del grupo de control tenían un comportamiento similar antes de la aplicación de la política y, por lo tanto, son comparables y los resultados son válidos.

Varias son las lecciones que se pueden extraer de estos resultados. En primer lugar, muestran cómo, en un mercado con severos problemas de competencia en todos los eslabones de la cadena productiva y una demanda inelástica, el establecimiento de un subsidio permite que los productores se apropien de una parte de este.

Y, en segundo lugar, la inefectividad de la medida: una parte de la subvención no se refleja en menores precios para los consumidores, que deberían pagar 20 céntimos menos y no 15 como realmente está pasando. Además, con el agravante doble del coste que tiene para el sector público y el medioambiental al estar financiando e incentivando la generación de emisiones contaminantes.

Este artículo también está firmado por:

Jordi Perdiguero García. Profesor de Economía Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona

José Manuel Cazorla Artiles. Profesor Asociado. Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Este artículo ha sido publicado en The Conversation