El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

España elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el que prevé movilizar los 163.014 millones de euros asignados, para modernizar y transformar la economía nacional. A 31 de agosto, el país había asignado 79.854 millones de euros y convocado un total de 82.434 millones, por lo que aún quedarían 80.580 millones por recibir.

El pasado verano el equipo de Ursula von der Leyen instó a los países de la UE a acelerar sus planes y solicitudes de pago final antes de que expire el plazo. España, junto con otros gobiernos, ya ha pedido a Bruselas una mayor flexibilidad, aunque desde la Comisión se muestran tajantes: «No se puede ampliar porque cualquier prórroga requeriría la aprobación de todos los Estados miembros y, en algunos casos, incluso de sus parlamentos. Algunos países han dejado claro que esto no ocurrirá. Todas las instituciones nacionales debemos remar en la misma dirección», advirtió el año pasado Céline Gauer, directora general del grupo de trabajo Recover de la Comisión Europea.

Los planes de Moncloa se mantienen firmes en la solicitud del montante total. Hasta finales de este verano, la llamada «economía real» —como la define el Ministerio de Economía— ha recibido 56.741 millones de euros, de los que se han beneficiado 1,26 millones de destinatarios, el 68,6% de ellos pymes y microempresas.

Hasta la fecha, España ha presentado cinco solicitudes de pago de las ocho previstas, aunque las dos últimas han estado marcadas por retrasos e incumplimientos. La cuarta llegó con seis meses de demora y la quinta también se presentó con el mismo retraso, además de sufrir un recorte de 1.100 millones de euros por el incumplimiento de tres hitos.

La sexta solicitud acumula ya casi un año de retraso: debería haberse tramitado antes del 31 de diciembre de 2024 y aún no se ha presentado. En cuanto a la séptima, el desfase es de casi cuatro meses (debía realizarse el 30 de junio de 2025), mientras que la octava tendría que presentarse antes del 31 de diciembre de 2025, lo que hace prever dificultades para cumplir los plazos. Según fuentes gubernamentales, Moncloa trabaja ya en la sexta solicitud para garantizar la ejecución hasta el cierre previsto del programa, el 31 de diciembre de 2026.

Diversas instituciones han expresado su preocupación por el bajo nivel de ejecución de los fondos europeos. En sus Proyecciones macroeconómicas y en el Informe trimestral de la economía española de junio, el Banco de España advirtió de una «notable incertidumbre respecto al volumen y la distribución de los recursos del MRR».

Por su parte, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha señalado que el impacto de estos fondos sobre la inversión privada ha sido menor del esperado.

En cuanto a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), acumulan más de 23.800 millones de inversión en sectores clave. Destacan las tres grandes gigafactorías de baterías aprobadas y, en el ámbito del hidrógeno renovable, se prevé una potencia de 3.701 MW de electrolización en proyectos repartidos por todo el territorio.

Además, el Gobierno ha transferido 29.254 millones de euros a las comunidades autónomas para que gestionen actuaciones en el marco de sus competencias.

Aparte de las transferencias directas, España está desplegando los fondos de préstamos como red de seguridad para empresas y hogares: ya se han canalizado más de 4.000 millones de euros y se analizan operaciones por otros 6.500 millones.

El pasado 8 de agosto, España recibió más de 23.000 millones de euros correspondientes al quinto desembolso del Plan, que incluye 7.100 millones en transferencias y 16.000 millones en préstamos. Con ello, el país ha percibido ya más de 55.000 millones en transferencias, el 70% del total previsto, situándose como el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, por delante de Italia y Francia.