Los repartidores de butano irán a la huelga desde el 5 de noviembre

Tras celebrar este lunes una asamblea general, los representantes de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) acordaron realizar ocho jornadas de paros los días 5, 13, 21 y 29 de noviembre, así como 5, 11, 17 y 23 de diciembre. Para justificar esta medida de protesta arguyen que las petroleras «obligan» a los distribuidores a repartir a domicilio las bombonas «a pérdidas». Por este motivo, «ante la inacción del Ministerio de Transición Ecológica» frente a la situación de este sector energético, mantienen que la movilización tendrá lugar hasta que se produzca la actualización de las condiciones económicas del servicio.

En todo caso, desde dicha organización sectorial afirman que aunque durante los paros los distribuidores no realizarán entregas domiciliarias a particulares ni a empresas, sí que garantizan el suministro a los puntos de venta. Además, la suspensión del servicio durante los días de huelga no afectará a usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni tampoco a instituciones sin ánimo de lucro.

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Según sus estimaciones, la huelga «afectará al reparto de las más de 150.000 bombonas de butano que diariamente se suministran en toda la geografía española», correspondientes «a más de seis millones de hogares, especialmente a los más vulnerables, que se verían privados de una energía esencial para calentar sus hogares y cubrir el resto de las necesidades energéticas diarias«. Asimismo, estiman que si no se atienden sus demandas retributivas podrían desaparecer las casi 200 pymes transportistas que actualmente desempeñan esa labor de reparto y, con ello, se destruirían más de 3.500 empleos directos.

Esas pequeñas y medianas empresas se encargan hoy día de la red de distribución de las bombonas, aunque oficialmente siguen llevando el logo de las grandes petroleras que controlan el negocio. Se quejan de que su retribución, estimada en unos 17.000 euros al año, cerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lleva más de una década sin actualizarse. Y ello pese a que sus costes han aumentado «de forma considerable» durante ese período.

Fedglp señala que ha intentado en múltiples ocasiones negociar una revisión de las tarifas que permita a los distribuidores cubrir sus principales costes operativos, como son los salarios, el mantenimiento de la flota y otros gastos derivados del propio servicio. Asimismo, informa Europa Press, apuntan que desde la organización sectorial se ha solicitado al Ministerio que actualice el sistema que regula el precio de las bombonas para incluir una retribución «adecuada y justa que haga viable el servicio que realizan los repartidores».