La Seguridad Social se liberará de gastos que no sean pensiones

Por ello, el Estado asumirá ya en 2021 una parte de los gastos impropios que tiene en la actualidad el sistema de pensiones y que contribuye a tener un abultadísimo déficit, que este año se disparara hasta el 2% por efecto de la pandemia, lo que supone siete décimas más. Y así se ha recogido ya en el techo de gasto que el pasado martes presentó el Ejecutivo, en el que ya hay «un porcentaje muy significativo» de los cerca de 23.000 millones de gasto anual que asume la Seguridad Social y no le corresponde. La cifra concreta no la desveló, pero sí especificó que «en el primer año vamos a hacer incluso más de lo que esperábamos».

El objetivo es que a final de legislatura, en 2023, la Seguridad Social quede ya libre de gastos que no le son propios, lo que le permitirá borrar de un plumazo el déficit que tiene en la actualidad y que en realidad no le corresponde. Eso sí, se tratará solo de un trasvase del gasto de la Seguridad Social a los Presupuestos y por tanto aumentará el déficit estructural del resto de administraciones, con lo que el problema seguirá estando ahí y habrá que pensar en cómo financiarlo, si es con nuevos impuestos u otras fórmulas, tal y como esta misma semana advirtió el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

En concreto, la Seguridad Social dedica cada año un total de 22.871 millones de euros a gastos que no le corresponden, lo que representa el 1,6% del PIB, según datos que desveló recientemente el Ministerio. La mitad de esos gastos impropios proceden de las políticas activas de empleo, que suponen 11.360 millones con cargo a las cotizaciones. Pero además hay que sumar 1.800 millones de reducciones de cuotas (tarifas planas para autónomos u otras bonificaciones para los regímenes especiales), casi 3.000 millones de prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, 1.000 millones más del complemento de maternidad, 800 millones para cubrir lagunas de cotización o los cerca de 4.000 millones de gastos administrativos de gestión del sistema.

En total, 22.871 millones que ahora se pagan con los ingresos de las cotizaciones y que Escrivá pretende que a final de la legislatura ya financie totalmente el Estado. «Esto va a permitir ir reduciendo el déficit: una parte se va a reducir cíciclamente y otra como resultado del traspaso de gastos», prometió.

Escrivá hizo hincapié en que esta será la primera línea de actuación del Gobierno en pensiones. «Daremos un primer paso para ordenar gastos e ingresos en esta legislatura una vez que nos recomiende el Parlamento, pero en el techo de gasto ya lo hemos dejado para que sea así», reiteró.

La segunda actuación que contempla poner en marcha el Ejecutivo el año que viene en esta materia es establecer «un modelo de actualización de pensiones claro» que mantenga el poder adquisitivo de los mayores. Es decir, dar carpetazo al 0,25% y volver a revalorizar las pensiones conforme al IPC, otra de las recomendaciones que previsiblemente hará en breve el Pacto de Toledo. «Es el mejor momento para eliminar incertidumbres a los más de diez millones de pensionistas y traer certidumbre», apuntó Escrivá, quien incidió también en la necesidad de alinear la edad efectiva de jubilación con la legal penalizando las jubilaciones anticipadas e incentivando las que se demoran, así como apostó por desarrollar el sistema de previsión social complementario.