La reforma de Escrivá eleva el gasto y pone en riesgo las pensiones futuras

«La reforma de Escrivá desprotege a las pensiones futuras y no garantiza la equidad del modelo español». Es el duro diagnóstico que hace un informe publicado este miércoles por el colegio de actuarios, el colectivo dedicado a proyectar y gestionar los riesgos económicos y analizar su impacto financiero, siempre desde un punto de vista científico y en base a la evolución más probable que cabe esperar en el sistema.

Para esta organización, la primera fase de las pensiones aprobada recientemente, que vuelve a revalorizar las prestaciones con el IPC real y sustituye el factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, refuerza la suficiencia de las pensiones, lo que a su juicio es «positivo», pero, sin embargo, «retrocede» en fortalecer la sostenibilidad (capacidad presente y futura del sistema de atender los compromisos que adquiere) y la equidad (equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido) del sistema, dos aspectos «clave» que, a medio-largo plazo (20 o 30 años), ponen en peligro la suficiencia de las pensiones, es decir, la capacidad del sistema de aportar a las personas jubiladas un nivel de vida similar al que tenían cuando estaban activas y que les proteja de situaciones de pobreza.

Esto es consecuencia de que las medidas puestas en marcha por el Gobierno provocarán un aumento del gasto de la seguridad Social, sobre todo como consecuencia de la subida anual de las pensiones con la inflación, pero también debido a la derogación del factor de sostenibilidad. Al mismo tiempo, los cambios realizados en la norma en la jubilación demorada y anticipada –la gran esperanza de Escrivá para incrementar la recaudación– van a generar un «resultado incierto» y supondrán «apenas una pequeña disminución del gasto, en el mejor de los casos».

El informe analiza el impacto que la reforma tiene sobre el sistema de pensiones español a través de los cuatro principales elementos que pueden estudiarse desde ese punto de vista financiero-actuarial: la revalorización de las pensiones, la jubilación demorada, la jubilación anticipada y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

Los actuarios consideran que la revalorización con el IPC «erosiona» y «amenaza» la sostenibilidad del sistema. Señalan que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un objetivo que debe estar presente en la mente de todos los representantes de la ciudadanía, pero, a su vez, dejan claro que para ello ha de haber una «correcta» cuantificación de lo que puede suponer esta medida y quiénes habrán de asumir ese coste.

En este sentido, el profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, Enrique Devesa, defiende que el elevado esfuerzo que va a suponer revalorizar las pensiones con el IPC –lo que podría suponer elevarlas el año que viene igual por encima del 8%– debería ser conocido por todos, porque las implicaciones de esta norma no sólo afectan a la generación actual de cotizantes, sino que se extenderá durante varias décadas.

De igual manera, el informe carga contra el nuevo mecanismo de equidad, que supone un aumento de seis décimas de las cotizaciones sociales durante los próximos años que se destinarán a llenar la 'hucha' de las pensiones, ya que «no redunda en una mejora de la pensión» y si se compara con el factor de sostenibilidad, dará lugar, en 2067, a un déficit acumulado hasta ese momento de 7,75 puntos de PIB de ese año.

Además, critican el nuevo esquema que «penaliza» las jubilaciones demoradas ya que los premios por retrasar el retiro deberían ser «más generosos», en torno al 5,4% anual, frente al 4% que fija la reforma. Asimismo, consideran que el modelo de jubilación anticipada sigue un «criterio poco razonable» y su propuesta es que se establezca un único coeficiente del 0,45% por cada mes de anticipación.

Por todo ello los actuarios abogan por que la reforma de 2021 pueda «completarse, matizarse o, incluso, modificarse si, como los cálculos apuntan a que podría pasar, se revela como no ajustada al objetivo de diseñar un adecuado equilibrio entre beneficiarios presentes y futuros del sistema».