Una reforma de las pensiones lenta pero segura

En un sistema público de pensiones como el que actualmente rige en España, con esquemas que descansan en el principio de reparto, los desequilibrios entre ingresos y gastos son comprensibles porque es muy difícil que los ingresos por cotizaciones cubran exactamente y en todo momento los gastos derivados de las prestaciones.

Cuando ello ocurre, y cuando hay un déficit sistemático, como sucede en España desde hace años, debe buscarse una fuente de financiación externa, por ejemplo los presupuestos generales, que garantice la capacidad de atender los compromisos adquiridos. De ese modo, todo pensionista recibe su pensión, aunque la Seguridad Social adquiera una deuda que luego transmite al Estado.

La sostenibilidad futura del sistema público de pensiones puede atenderse:

1. Por la parte de los ingresos, incrementando las cotizaciones de un modo u otro.

2. Por la parte de los gastos, endureciendo las condiciones de acceso a la prestación o disminuyendo las cuantías globales.

En el caso de la reforma de marzo de 2023 esta se concentra, básicamente, en el aumento de los ingresos. Tanto en este caso como para anticipar la evolución futura de los gastos, la evolución de estos dos elementos juega un papel fundamental:

-La demografía (relativamente fácil de anticipar).

-El mercado de trabajo (sujeto a factores externos de mayor incertidumbre).

Por eso, cualquier estudio sobre sostenibilidad de las pensiones necesita proyectar escenarios de evolución de la mortalidad y la longevidad de los beneficiarios y, paralelamente, del mercado de trabajo.

Se necesitan hipótesis de comportamiento homogéneas para poder determinar qué alternativas de reforma de las pensiones son mejores o peores. Así, es absurdo gastar tiempo en debatir sobre si una reforma va a funcionar o no si no se está hablando de un mismo escenario base. (Ver las discrepancias entre expertos, centros de estudios o analistas).

La reciente reforma se ha centrado principalmente en incrementar los ingresos progresivamente por medio de aumentos, directos pero graduales, de las cotizaciones.

Se han considerado dos partes: una genérica, de contribución al MEI (mecanismo de equidad intergeneracional) previendo un boom de pensionistas a partir de 2033, y otra destinada a exigir mayor contribución a los salarios más elevados a partir de 2025.

Ambas tienen un impacto en los costes salariales que deberán soportar las empresas y, en menor medida, los trabajadores. Esa es la razón por la que esta reforma no ha tenido el respaldo de la patronal: es lógico que una empresa no quiera asumir más costes por trabajador, ya que disminuirían sus beneficios o aumentaría el precio de sus productos, con lo que podría perder competitividad, sobre todo en mercados exteriores.

La razón de dilatar en el tiempo la implementación de la reforma tiene una razón de peso: si la puesta en marcha fuera inmediata, la transmisión a incrementos de precios podría generar mayor inflación en plena ola inflacionaria. Como parece que la Comisión Europea ha validado el compromiso, la reforma ha sido dada por válida y se sigue adelante.

Por el lado del incremento de los años a considerar para el cálculo de las bases de cotización, no ha habido grandes sorpresas: en la mayoría de los países ya se tiene en cuenta la totalidad de la vida laboral. No obstante, si poder rechazar los dos peores años de cotización es una medida beneficiosa para los trabajadores, incrementar los años que se tienen en cuenta perjudica a quienes no han tenido una trayectoria laboral estable o han empezado a cotizar muy tarde, como inmigrantes o personas que por razones personales han atendido a cuidados principalmente de hijos o mayores.

Aunque hay excepciones por dedicación al cuidado de los hijos, se considera que quienes han renunciado a un trabajo por cuenta ajena van a acabar teniendo una pensión inferior a la que correspondería si no hubieran dejado de trabajar.

Las reformas del ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá ya vienen siendo más técnicas que conceptuales: aumento preciso y concreto de porcentajes sin estar a expensas de factores externos. Como lo fue en su momento el retraso progresivo de la edad de jubilación.

Esta forma de abordar la reforma puede que tenga la desventaja de requerir revisiones constantes, pero tiene la enorme ventaja de no depender de factores externos, como sí lo hacía la fallida propuesta de 2013, cuya evolución podía parecer fácil de prever (sin serlo) y abanderaba la disminución de gastos.

Es innegable que esta es una reforma lenta, durante la que seguramente se transitará por una estrecha senda de aumento de precios al que la reforma contribuirá indirectamente. De ahí que lo que más preocupe en el panorama económico de España es que la inflación sostenida pueda hacer más difícil el ahorro, verdadera piedra filosofal de una jubilación tranquila y segura.

Este artículo ha sido publicado en 'The conversation'.