La jubilación masiva de funcionarios obligará al Gobierno a convocar una gran oferta de oposiciones

Desde los sindicatos piden acelerar estas vacantes e impulsar un plan integral de recursos humanos encaminado a crear nuevos empleos, rejuvenecer plantillas y eliminar desigualdades, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de tener serias dificultades de personal para poder atender adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

No en vano más de una cuarta parte de los más de 3,25 millones de empleados públicos que hay en la actualidad –según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019– alcanzarán a lo largo de los próximos diez años la edad legal de jubilación, situada en la actualidad en 65 años y diez meses, aunque en 2027 se retrasará a los 67 años. Cabe recordar, no obstante, que aquellos que tengan largas carreras de cotización podrán seguir retirándose a los 65. Concretamente, 925.200 trabajadores del sector público tienen en la actualidad más de 55 años, por lo que en teoría podrían jubilarse en 2030.

Si se mira más en el corto plazo, la cifra no deja de ser preocupante: más de 340.000 empleados del Estado abandonarán sus puestos en la Administración en los próximos cinco años. Y si se va un poco más lejos, pero no tanto, será prácticamente la mitad de la actual plantilla con que cuenta el Estado (el 44,5%) la que podría retirarse del mercado laboral en los próximos quince años, pues son cerca de 1,5 millones de funcionarios los que han cumplido ya la cincuentena, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto responde en buena parte a que en los años 80 y 90 se incorporaron masivamente a la Administración muchos miles de personas jóvenes para desarrollar el Estado de las autonomías y promover la mejora del bienestar social, que ahora están llegando al final de su vida laboral, según destaca un informe elaborado por Adams Formación. Pero no solo eso, sino que el preocupante envejecimiento de la plantilla pública se debe también a que durante la crisis este colectivo ha sido uno de los más perjudicados, ya no solo con recortes en sus salarios sino también de empleo, al limitarse las tasas de reposición (esto es, que no se cubren los puestos de quienes se van) y no convocar ofertas de empleo público durante los años de recesión, lo que además ha tenido un reflejo en la elevada tasa de temporalidad que sufre, del 27,8%, superior incluso en punto y medio a la del sector privado.

Así, pese a que se suman ya seis años de recuperación, no se ha logrado volver al nivel máximo, que se registró en el año 2011, cuando se llegaron a superar los 3,3 millones de empleados públicos. En la última década se han creado 64.000 empleos en la Administración, cifra que es menos de una cuarta parte de los puestos que se generaron los cinco años anteriores.

Los efectivos del sector público tienen notablemente más edad que los del sector privado, advierte el informe de Adams. Así, en la actualidad solo el 7,2% de los funcionarios (algo menos de 240.000) es menor de 30 años, lo que supone la mitad de los ocupados del sector privado (más del 15% no llega a la treintena). Por el contrario, el 44% de los funcionarios supera los 50, frente al 28% de los que trabajan para empresas privadas. Además, medio millón largo está en la treintena y un millón tiene entre 40 y 50 años.

El hecho de que los tramos de menor edad estén prácticamente desiertos en la Administración es consecuencia de la cada vez más tardía edad en incorporarse al empleo público. Actualmente se sitúa en 35 años, nueve años más que la del sector privado y dos años superior a la que había en 2016, según el estudio. También es fiel reflejo de que el sector público ha ido perdiendo atractivo para los trabajadores españoles en los últimos años. De hecho, ahora solo un 13% de los españoles elegiría ser funcionario si pudiera, mientras que un año atrás este porcentaje se elevaba hasta el 21%, según una encuesta de Hays.