Liberar a la Seguridad Social de «gastos impropios» acabaría con su déficit

Uno de los aspectos que ha ganado actualidad a raíz del reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la Seguridad Social reside en los gastos que asume de forma impropia y que, tal como expuso Escrivá en el Parlamento, explican el «déficit contable –no económico– del sistema». Según el ministro, «la Seguridad Social soporta una pesada carga que no le corresponde» y que pasa tanto por «gastos impropios» como por «merma de ingresos».

El Tribunal de Cuentas calcula que la Seguridad Social ha pagado 103.690 millones a la sanidad y en complementos por pensiones mínimas que deberían haber corrido a cargo del Estado.

Y la nómina del organismo no sólo asume estos gastos impropios. Escrivá ha detectado otros, como las medidas de fomento del empleo, algunas prestaciones no contributivas, subvenciones implícitas a regímenes especiales y sus propios gastos de funcionamiento. Estos últimos, en el caso de otros ministerios, se absorben por parte de los presupuestos del Estado, según añade Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, añade las reducciones con que cuentan las cotizaciones de ciertos sectores o la tarifa plana de los autónomos. Barrera calcula que desgajando de la Seguridad Social estas responsabilidades se recortaría el déficit en 15.000 millones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuantificaba en 2019 el impacto de que la Administración Central financiara determinados gastos de la Seguridad Social con el establecimiento de un sistema permanente de financiación: en primer lugar, los derivados del funcionamiento de la Seguridad Social (unos 4.000 millones), ciertas medidas de fomento del empleo y de reducción de las cotizaciones (unos 2.000 millones) y de subvenciones a regímenes especiales (1.000 millones).

A ello añadía otra medida:la elevación de la parte de las cuotas sociales destinadas a pago de pensiones a costa de las asignadas a sufragar el desempleo. «Nuestro nivel de cotizaciones es similar al de países de nuestro entorno, si bien están sesgados hacia cotizaciones por desempleo», afirmaba Escrivá en el Congreso este año, tras haber sido titular de la AIReF. Esta última institución calcula que con todas estas medidas se eliminaría el déficit del sistema, que rondó los 17.000 millones en 2019.

Héctor Maravall, ex director general del Imserso, ha venido proponiendo que las pensiones de orfandad y viudedad se paguen con los presupuestos, ya que son políticas vinculadas más a la protección de la familia, si bien se trata de prestaciones contributivas porque se cobran tomando como referencia la aportación de una persona fallecida. Maravall defiende que para aplicar esta medida debería contarse con «un calendario razonablemente dilatado, de 15 o 20 años», dada la importante cuantía de estas partidas.

Para Carlos Vidal-Meliá, profesor de la Universidad de Valencia, «la Seguridad Social debería hacer frente exclusivamente con sus recursos a las prestaciones contributivas, mientras que el resto de prestaciones deberían ser financiadas con impuestos». Y añade: «En un sistema transparente, las prestaciones no contributivas estarían separadas contablemente de las contributivas».

En el año 2019, las cotizaciones –contando con que algunas responden a regímenes especiales, como el agrario o el marino, y hay algunas reducidas– no llegaron a los 125.000 millones y no alcanzaron para cubrir la factura de las pensiones contributivas (algo más de 145.000 millones, incluyendo orfandad y viudedad).

Carlos Bravo expone que con las medidas que descargarían a la Seguridad Social de supuestos gastos impropios se solucionaría completamente el problema del déficit, pero sólo en el corto plazo. A largo, asegura, sólo la mitad: las perspectivas demográficas avisan de que el pico de las necesidades del sistema se alcanzará a mediados de este siglo y hay que prepararse para ese momento –sin olvidar que a partir de esas fechas, las necesidades financieras comenzarán a reducirse–.

Bravo defiende que, como las pensiones son un derecho subjetivo, el Estado ha de garantizarlas con un mecanismo estable que transfiera recursos a la Seguridad Social para cubrir lo que no logre financiar y, así, se acabe con la «apariencia de insostenibilidad permanente» del sistema. Bravo opina que los créditos de la Seguridad Social no han de ser tales, sino transferencias: en la práctica ya lo son, porque no pagan intereses al Estado y la devolución del principal se prorroga indefinidamente. Falta que esta fórmula sea estable y dé certidumbre.