¿Quién va a pagar impuestos?

En el Congreso de los Diputados anda danzando una enmienda pactada entre PSOE y Sumar, socios de coalición del Gobierno, para suprimir la exención fiscal general de que gozan las socimi en el Impuesto sobre Sociedades. Las grandes sociedades de inversión inmobiliaria han avisado de que se replantearán su ubicación si les elevan la tributación. La enmienda les exige, entre otras cosas, que el precio al que alquilen los pisos sea asequible y que no los destinen a pisos turísticos o alquiler de temporada. Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta. Reciben capital de personas físicas o jurídicas que quieren invertir en el sector inmobiliario y que a lo mejor no disponen de capital suficiente para adquirir individualmente una vivienda o un local. Las socimi no tributan en el Impuesto sobre Sociedades si cumplen varias condiciones, como que distribuyan a sus accionistas al menos el 80% de sus beneficios. Son los accionistas los que pagan impuestos por los dividendos: las personas físicas tributarán según su tipo impositivo en el IRPF -entre el 19% y el 54%- y las empresas por el tipo que les correspondan en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, si una sociedad se dedica a fabricar zapatos tiene que tributar por su beneficios al tipo que le corresponda en el Impuesto sobre Sociedades y sus accionistas declararán por los rendimientos de capital obtenidos en el IRPF o en Sociedades (si posee menos del 5% de la sociedad que reparte el dividendo).

Aunque en Reino Unido o Francia tienen una mayor capitalización, España se ha convertido en el país de Europa con más sociedades de inversión inmobiliaria (116 al cierre de 2023), lo que sin duda ha contribuido a que lo primero que te pregunta una agencia cuando intentas comprar un piso es si lo quieres para invertir o para uso propio.

Hay un replanteamiento mundial de qué hacer con los impuestos. Los impuestos son necesarios para sostener el gasto público (la sanidad, la educación, las pensiones, etc) y para redistribuir la renta, por eso se paga en función de la capacidad económica. La política fiscal tiene que ser como una balanza equilibrada: hay que recaudar pero sin ahogar la actividad económica. En ese pulso llevan enzarzados Hacienda y las empresas afectadas varios años, pero la debilidad parlamentaria del Gobierno ha convertido los impuestos en moneda de cambio. Impuesto a la banca, sí; impuesto energético, ahora no o ya veremos. Fuera 'golden visa' (el permiso de residencia que desde hace diez años se concede a los extranjeros que inviertan más de medio millón de euros en inmuebles), bienvenido el impuesto a los yates. Y al menos en estos dos casos ya era hora que se actuara así.

La tributación de la riqueza será el eje del debate en los próximos años. En la actualidad (probablemente nunca antes tampoco) no se grava efectivamente a las personas y empresas más ricas, que concentran los beneficios de la globalización. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un laboratorio de investigación de la UE creado en 2021 para combatir las prácticas fiscales abusivas, ha calculado que una cantidad persistentemente elevada de beneficios se desplaza a paraísos fiscales, alrededor de un billón de dólares en 2022, lo que equivale al 35% de todos los beneficios de multinacionales logrados fuera de su país de sede. La pérdida de recaudación fiscal equivale a casi el 10% de los ingresos por impuesto sobre sociedades recaudados en el mundo. Y las multinacionales estadounidenses son responsables del 40% del desplazamiento mundial de beneficios. ¿Quiénes son los más afectados por esta evasión? Los Estados de Europa continental.

Muchos países o regiones han introducido en los últimos 15 años tipos impositivos bajos para atraer empresas y contribuyentes adinerados. Esto puede mejorar la recaudación interna y su actividad económica, pero a escala mundial es un juego de suma negativo y la recaudación fiscal global disminuye, al tiempo que se incrementa la desigualdad porque los que se benefician son los más ricos, que son los que pueden mover su riqueza y su residencia.

El acuerdo en 2021 de 140 países para aplicar un impuesto mínimo del 15% a los grupos multinacionales y acotar así el 'dumping' fiscal fue una decisión pionera. Sin embargo, las lagunas jurídicas han reducido a la mitad los ingresos previstos. La Unión Europea lo aprobó para su entrada en vigor este año y en su transposición a nuestro país anda embarcado el Gobierno.

Una buena noticia: El fraude puede ser elevado, pero la capacidad de combatirlo es mayor ahora. El Informe sobre Evasión Fiscal Mundial de 2024 concluye que en los últimos diez años la evasión fiscal se ha reducido aproximadamente a un tercio gracias al intercambio automático de información bancaria.

El laboratorio de ideas de la UE propone un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los milmillonarios del 2% sobre su riqueza, lo que, según este observatorio, proporcionaría cerca de 250.000 millones de dólares (unos 238.000 millones de euros al cambio actual) que pagarían los 3.000 ciudadanos más ricos del mundo; de ellos 499 están en Europa, aunque la mayoría se concentra en América del Norte (835) y Asia (fundamentalmente China, Corea, Japón y Taiwan). Para situarnos, este observatorio de la UE lo dirige Gabriel Zucman, discípulo del famoso Thomas Piketty que puso hace más de una década en el debate público la creciente desigualdad y el impuesto a la riqueza. El informe del observatorio muestra que la riqueza de los milmillonarios mundiales ha crecido un 7% anual de media desde 1995, sin tener en cuenta la inflación, mientras tienen unos tipos impositivos de entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio.

Si a eso se añadiera un impuesto mínimo mundial reforzado sobre las multinacionales sin lagunas jurídicas se recaudaría otros 250.000 millones de euros al año. El mundo está necesitado de dinero para acabar con la pobreza y para combatir el cambio climático. Los últimos estudios cifran en 500.000 millones de dólares anuales los ingresos que necesitan los países en desarrollo para hacer frente a los retos del cambio climático. ¿Saldrán de algún lado?