Polémica por los restaurantes que se niegan a cobrar la cuenta por separado

La medida responde, según señalan numerosos profesionales del sector, a razones de eficiencia operativa. El momento de pagar, tradicionalmente uno de los más delicados de la experiencia gastronómica en grupo, se convierte así en un trámite más rápido para los empleados y para el funcionamiento general del local, a costa de una mayor incomodidad para algunos clientes.

Aunque no existen estadísticas oficiales que cuantifiquen la extensión real de esta práctica, diferentes medios de comunicación han constatado su creciente adopción. Informes recientes, como el emitido por LaSexta, apuntan a que el fenómeno se ha afianzado de manera visible en ciudades como Málaga, pero también se detectan casos en restaurantes de Aragón, Cataluña y otras comunidades. Asimismo, redes sociales y foros digitales como Reddit o TikTok recogen con frecuencia debates y testimonios de consumidores que se han encontrado con esta situación, generando un intenso debate sobre la legalidad y la legitimidad de la medida.

Entre los motivos principales que explican la implantación de esta norma se encuentra la necesidad de optimizar tiempos de servicio, especialmente en locales con alta rotación de clientes. Varios hosteleros han explicado que gestionar una única operación de cobro resulta considerablemente más ágil que tramitar múltiples pagos, lo que evita retrasos, colas y posibles errores contables.

Según relataba un camarero malagueño en declaraciones recogidas por LaSexta, atender mesas de grupos grandes que piden pagar cada uno por su cuenta genera complicaciones logísticas y administrativas. «Es muy complicado cobrar por separado y más cuando son grupos grandes», afirmaba. Otro restaurador de Barcelona señalaba que, en ocasiones, los grupos superan la docena de personas, cada una de ellas deseando pagar con su propia tarjeta o en efectivo, lo que ralentiza el trabajo del personal y puede acabar descuadrando la caja del establecimiento.

Esta complejidad se incrementa cuando los comensales no solo piden dividir la cuenta a partes iguales, sino que reclaman un cálculo individualizado en función de los platos y bebidas consumidos por cada uno. En situaciones donde el importe total asciende a varios cientos de euros, esta práctica complica significativamente la gestión del cobro, afectando al ritmo general del servicio y generando tensiones entre trabajadores y clientes.

El creciente número de locales que aplican esta política ha reavivado la discusión sobre la existencia de una posible base legal que ampare o impida su imposición unilateral. Desde Facua, organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, su portavoz Rubén Sánchez aclara que la legislación española no contempla de forma explícita la obligación de los establecimientos de permitir pagos fraccionados.

En palabras de Sánchez, «realmente no hay nada regulado. Si en la puerta indica que acepta pagos con tarjeta, no puede rechazar esa forma de pago a medias; pero sobre si cada cliente puede pagar su parte de la cuenta, la ley no lo contempla de forma expresa». Esto significa que, salvo que el local se comprometa expresamente a ello, los clientes no pueden exigir el derecho a pagar de manera separada.

El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, coincide en que este es un ámbito no regulado de manera detallada por la normativa vigente. «Lo lógico es informar por parte de la empresa que presta el servicio y que los clientes conozcan las condiciones», señala García, destacando que la clave reside en la transparencia y en la adecuada comunicación entre el establecimiento y los comensales.

En paralelo a la prohibición de dividir la cuenta, algunos locales han empezado a aplicar suplementos o recargos a los grupos que solicitan dividir el importe entre varios pagos. El abogado Xavi Abat, conocido en redes sociales por divulgar cuestiones legales, alertaba a finales de 2024 sobre esta práctica, mostrando incluso ejemplos concretos.

En uno de sus vídeos explicaba el caso de un bar que cobraba un euro adicional por mesa cuando el pago se divide entre uno y ocho comensales, dos euros para mesas de entre ocho y doce, y tres euros para grupos mayores. Según el establecimiento, estos importes cubren los costes derivados de la gestión y del uso de la terminal de pago (TPV).

Sobre la legalidad de estos recargos, Abat explica que las relaciones contractuales entre cliente y local son libres, siempre que el cliente sea informado previamente de esta condición. «No hay ninguna ley que prohíba este tipo de suplementos. Si el restaurante informa antes de prestar el servicio, el cliente, al aceptarlo, está aceptando también el recargo», indica el abogado.

Sin embargo, precisa que, si el suplemento no ha sido comunicado de forma visible y el cliente lo descubre únicamente al solicitar la cuenta, este podría oponerse, negarse a pagarlo o incluso presentar una reclamación formal ante las autoridades de consumo.

El consenso entre asociaciones de consumidores y expertos jurídicos se centra en la necesidad de transparencia por parte de los establecimientos. Informar de manera clara y visible —ya sea mediante carteles, en la carta o verbalmente antes de tomar nota del pedido— permite a los clientes conocer las condiciones y decidir si desean permanecer o buscar otro lugar donde se admitan pagos separados sin coste adicional.

Esta obligación de informar se convierte en la principal salvaguarda de los derechos del consumidor, especialmente en un ámbito no regulado de forma específica por la legislación española. La falta de comunicación previa, por el contrario, puede generar conflictos, quejas y reclamaciones que afecten a la reputación del local.

El auge de la norma «una mesa, una cuenta» y de los recargos por fraccionamiento de pagos refleja la tensión entre dos realidades: por un lado, la necesidad de los negocios de optimizar su operativa en un contexto de alta demanda y márgenes ajustados; por otro, la creciente costumbre entre los consumidores, especialmente jóvenes, de pagar individualmente, facilitada por aplicaciones móviles y herramientas de transferencia inmediata.

Esta tendencia, aunque todavía no es mayoritaria, está transformando la forma de organizar comidas y cenas en grupo. Obliga a los comensales a planificar mejor los pagos o a recurrir a soluciones alternativas, como agrupar el importe a través de aplicaciones de reparto de gastos o elegir previamente a un responsable del pago que recupere luego las cantidades correspondientes.

En definitiva, la expansión de la norma «una mesa, una cuenta» evidencia la necesidad de equilibrio entre la eficiencia del servicio y las expectativas de los clientes. La ausencia de una regulación clara convierte la transparencia y la información previa en los elementos clave para prevenir malentendidos y proteger tanto al consumidor como al empresario hostelero.

Así, la hostelería española se adapta progresivamente a nuevas formas de consumo y gestión, donde la comunicación transparente resulta esencial para mantener la confianza y la satisfacción de la clientela.