Las multas a las que se enfrentan las empresas en 2025 por no fichar correctamente

Una de las últimas propuestas del Ministerio de Trabajo para la reforma de la jornada laboral es que sea obligatorio que todas las empresas dispongan de un registro digital. Así, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tendrá acceso remoto y podrá detectar posibles irregularidades en la jornada laboral de las distintas compañías.

El texto, que se sacó a consulta pública el pasado mes de noviembre, recoge que se quiere implementar un «sistema de registro de jornada realmente eficaz, presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperabilidad». Asimismo, pretende que «sea accesible a cada persona trabajadora de modo automático y a la representación de las personas trabajadoras y a la ITSS (en estos dos últimos casos también de modo remoto)». Dicho cambio pretende garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada.

Esta nueva forma de fichar también incluye la obligación de garantizar la autenticidad y accesibilidad de los datos. Además, los registros deberán ser retenidos por un período de cuatro años. También, tanto los trabajadores como sus representantes y la ITSS tendrán acceso inmediato a ellos.

No hay fecha de la entrada en vigor de esta nueva normativa. pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró en la Cadena Ser que los trámites en la reducción de la jornada laboral durarán «en torno a cinco o seis meses», así que se estima que será de cara al próximo 2025.

La reducción de la jornada laboral es un asunto que todavía está en manos del Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. En la última semana la mesa de negociación se ha visto afectada tras las negativas de la CEOE y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Estas organizaciones argumentan que la jornada laboral debería ser asunto de negociación colectiva en cada sector, y así atender las necesidades de empresas y empleados. Por tanto, esta medida queda ahora en manos del Gobierno y sindicatos, y pretenden aprobarla para el 2025.