El Gobierno quiere cambiar el modelo tradicional de oposiciones

A través del plan bautizado Consenso por una Administración Abierta, el departamento de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, quiere dar un giro de 180 grados al sistema de oposiciones en España. «Hemos de superar ese modelo», subrayó el ministro. Bajo el objetivo de adaptar la Administración del Estado a la nueva realidad tecnológica, Función Pública busca incorporar perfiles más digitales, aunque «sin olvidar a nadie», con un nuevo sistema.

Los aspirantes a los subgrupos A1 y A2 deberán superar un primer examen como hasta ahora y, después, una segunda prueba que les permitirá acceder a un curso de formación de dos años en centros públicos del Estado y de la Unión Europea. Esta etapa servirá, según el ministerio, para «seleccionar a los mejores» y «formarlos en las necesidades actuales y futuras de la Administración». Los que no obtengan plaza recibirán un título de posgrado «prestigioso», equivalente a 120 créditos, aseguran. Asimismo, deberán realizar un curso quienes accedan al empleo público en los subgrupos C1 y C2, aunque en estos casos solo será obligatorio para quienes resulten adjudicatarios de la plaza.

El sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, ha mostrado su rechazo a la reforma. «Lo que tenemos claro es que esto no va a solucionar los graves problemas de nuestras administraciones y sus profesionales», advierte su presidente, Miguel Borra. Recuerda que el 60 % del personal se jubilará en los próximos diez años y que el 30 % de los trabajadores son temporales, en contra del mandato de la UE. Además, denuncia «procesos selectivos lentos, donde cada año caducan miles de plazas por la inactividad de las administraciones», así como una tasa de reposición «que impide reforzar y dimensionar las plantillas». López ha pedido superar esta fórmula y apostar más por «lo cualitativo que lo cuantitativo». «No se trata de contratar sin más, sino de buscar perfiles alineados con esta estrategia», argumentó el ministro.

Tan solo unas horas después de conocer la propuesta, los altos funcionarios del Estado rechazaron la reforma del sistema de contratación de personal en la Administración. «Lo que pretende el Ejecutivo es demoler lafunción pública con el desmoronamiento de la Administración y del Estado de Derecho», denunció en un comunicado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

En su opinión, esta formación advierte que los cambios propuestos por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Púiblica suponen una rebaja de conocimientos para acceder a los puestos más altos en la carrera pública y, además, –señalan– se abre la puerta a la subjetividad en el proceso de selección.

El rediseño del modelo también implica una transformación integral de los servicios públicos. La irrupción de la inteligencia artificial, según el Gobierno, debe servir para simplificar trámites y acercar la Administración a la ciudadanía. Con un presupuesto superior a los 40 millones de euros, el Gobierno busca acelerar la digitalización de la Administración.

Uno de los pilares de esa transformación es la eliminación de la cita previa obligatoria. Aunque la medida ya había sido anunciada, su aplicación no depende solo de nuevas herramientas tecnológicas, sino también de la aprobación de una norma con rango de ley. Además, la reforma propone que los trámites sean más simples y puedan realizarse en cualquier oficina pública.