El Gobierno investiga la financiación de la OCU tras una denuncia de Facua

Esta supuesta forma de financiación está siendo investigada por el propio Gobierno, según aseguran desde Facua, que indican que el Ministerio de Consumo analiza desde hace nueve meses los 47 convenios que desde 2018 ha firmado la OCU con grandes compañías para saber si las comisiones que cobra por cada cliente son legales o comprometen su independencia. La financiación de la asociación, con más de 190.000 abonados, son variadas e incluyen comunicaciones comerciales con multinacionales, según denuncia Facua.

La OCU, por su parte, desmiente estas acusaciones y ha asegurado este miércoles en un comunicado que cumple «escrupulosamente con la legalidad vigente» en todas sus actuaciones. «La Organización de Consumidores y Usuarios desmiente de forma rotunda las informaciones tendenciosas vertidas por Facua que han tenido reflejo en distintos medios de comunicación y redes sociales poniendo en entredicho el buen nombre y su trabajo en favor de los consumidores», indica la OCU en su comunicado.

La asociación explica que ha cumplido en sus casi 50 años de historia con las obligaciones que impone la Ley General de Defensa de los Consumidores (LGDCU) en materia de transparencia en el marco de colaboración con los operadores de mercado a través de acuerdos o convenios, «que siempre han tenido como finalidad exclusiva la información de los consumidores y la mejora de su posición en el mercado y que se depositan el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores para garantizar los requisitos de independencia y transparencia que establece la ley».

En la misma línea, la organización indica que ha proporcionado al Ministerio de Consumo toda la información requerida «sin que hasta el momento tenga conocimiento de ningún expediente sobre sus actuaciones que se ajustan a la legalidad».

Además, carga contra Facua asegurando que las denuncias son «ataques injustificados» para «pretender imponer un modelo único de defensa de los consumidores, con una clara finalidad de utilización política del mismo, que atenta contra la pluralidad democrática y se aleja del principio de independencia política que establece la normativa española».

Por su parte, Facua señaló en su denuncia que desde hace meses espera que la OCU le conteste a un requerimiento de información sobre el acuerdo que anunció en 2021 con Facebook. Se trata de un convenio por el que la organización retiró una demanda contra la multinacional por irregularidades en protección de datos en la que reclamaba indemnizaciones para decenas de miles de consumidores, que finalmente no recibieron, según relata Facua en el comunicado.

Igualmente, según la denuncia de Facua, numerosas compañías pagan una comisión a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente que les capta a través de publicidad de sus ofertas. La organización señala que en la última década lo han hecho al menos ocho energéticas, un grupo de telecomunicaciones, un intermediario financiero y una aseguradora.

En los casos que Facua ha podido documentar, las comisiones oscilan entre 18 y 80 euros por cliente captado. Según la denuncia, la empresa que recibe los pagos es OCU Ediciones, una empresa de la que OCU es propietaria al 10% y el 90% restante está en manos de la asociación belga Test Achats/Test Aankoop. Ambas organizaciones forman parte del grupo internacional Euroconsumers, que integra a asociaciones de consumidores y sociedades mercantiles instrumentales en España, Bélgica, Italia, Brasil y Portugal.