El Gobierno dará hasta 60.000 euros para reparar viviendas y hasta 10.300 para enseres

El plan del Gobierno central se compone de tres fases: la primera es la respuesta inmediata puesta en marcha en este Consejo de Ministros; la segunda fase es la reconstrucción de las zonas afectadas; y la tercera, la de relanzamiento y transformación. En esta última, el presidente del Ejecutivo insistió en que «hay que adaptar el territorio de la Comunidad Valenciana a la emergencia climática». El plan, dijo Sánchez, «durará el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad».

El Gobierno ha decidido cuadruplicar las ayudas públicas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres o en vivienda y hacerlas universales, es decir, sin limitarlas según la renta de los hogares, para que puedan acceder todos los afectados. En este marco, se abonarán hasta 72.000 euros por incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para reparar las viviendas dañadas y hasta 10.300 euros para reponer los enseres perdidos, los electrodomésticos o reparar muebles. Además, las comunidades de vecinos podrán recibir hasta 37.000 euros para arreglar ascensores y portales. Todas las ayudas por daños personales quedan exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para que los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus viviendas o inmuebles se pone en marcha un «portal de emergencias registrales» y se reforzarán los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad.

Los propietarios que han perdido su vehículo con la DANA podrán empezar a recibir desde mañana las primeras indemnizaciones que abonará el Consorcio de Compensación de Seguros, anunció Sánchez, cuyo valor se verá incrementado en un 20% sobre el de tasación. No obstante, el importe que recibirán por un coche en siniestro total es mínimo y no cubre el precio de mercado que tendría el vehículo. «Somos conscientes de que tener un vehículo es esencial», reconoció el presidente del Ejecutivo.

Hasta hoy, el Consorcio de Compensación de Seguros (encargado de pagar las indemnizaciones en caso de desastre natural) ha recibido 21.405 solicitudes de indemnización por viviendas y comunidades de propietarios y 44.203 por vehículos.

No solo serán ayudas directas. También se eximirá a los ciudadanos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2024 de las viviendas dañadas ni tendrán que abonar las tasas de Tráfico al tramitar la baja de sus vehículos dañados o sustituir los carnets de conducir y los DNI; asimismo, se aplaza para los afectados el segundo pago de la declaración del IRPF (que tendría que hacerse hoy), lo que beneficiará según el Gobierno a unos 200.000 contribuyentes. También se reducirá el IRPF y el IVA a las explotaciones agrarias afectadas y para los autónomos y pequeños empresarios bajará el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de 2024.

Como el IBI es una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos, el Gobierno central se compromete a compensar a las corporaciones locales por los impuestos que dejen de percibir. Y el presupuesto del Estado se hará cargo del 100% de los gastos de emergencia en los que tengan que incurrir los municipios damnificados por la DANA, por ejemplo, los gastos de retirada de lodo, suministro de agua potable, alojamiento y manutención de los ciudadanos, y el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos o centros cívicos. Y se les ampliará su posibilidad de gasto para inversiones sostenibles.

Alrededor de 65.000 autónomos y 30.000 pymes recibirán ayudas que irán desde los 10.000 euros hasta los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones. Para recibir estas ayudas bastará con facilitar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días, prometió Sánchez. Las ayudas directas a pymes y autónomos cuyo domicilio se encuentre en alguno de los municipios afectados alcanzarán un importe global de 838 millones de euros.

El Gobierno ha creado una nueva figura de incapacidad laboral extraordinaria por daños físicos o psicológicos provocados por la DANA por la que se podrá cobrar hasta el 75% del salario desde el primer día de la incapacidad al considerarse accidente de trabajo. Además, se habilita la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad en el caso de los autónomos o pequeños empresarios para poder percibir el 70% de la base de cotización aunque no se hayan cumplido los 12 meses de cotización que exige la ley.

Tal como permite la ley, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla al menos hasta febrero de 2025.

A las personas que estuvieran cobrando el Ingreso Mínimo Vital o alguna prestación no contributiva se les incrementará un 15% la prestación a percibir los próximos tres meses, con la posibilidad de prorrogar este aumento si las circunstancias así lo exigieran.

Sánchez aseguró que a estas medidas, que «entran en vigor ya», les seguirán otras que se aprobarán en las próximas semanas para trabajadores, empresas y los sectores más afectados por la DANA (agricultura, turismo, industria). «Queda muchísimo trabajo por delante», reconoció. «Es el momento de que la Unión Europea nos ayude», señaló el presidente. El Gobierno va a solicitar a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y pedirá al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo -por vía de urgencia- de un nuevo Reglamento que permitirá reprogramar los fondos de cohesión Feder y FSE+ para dedicar parte de sus recursos a paliar los daños por desastres naturales.