El Gobierno inyectará 13.600 millones hasta 2030 para evitar el colapso de la red eléctrica

La propuesta del Ejecutivo que presentó este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Sara Aagesen ante los primeros espadas del sector eléctrico se ha acelerado apenas unos días después de que se destapara el colapso y es una invitación a las energéticas a seguir este ritmo en sus redes. Permitirá de manera «excepcional» un aumento de la inversión de un 62% hasta el final de la década.

La ley actual en España fija un limite de inversión anual en redes de transporte y de distribución del 0,065% y 0,13% respecto al PIB por lo que elevarlo supondrá un extra de 3.600 millones para aumentar la capacidad de la red que gestiona Red Eléctrica y de 7.700 millones para la de distribución que está en manos de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. A ello hay que sumar las inversiones en interconexiones internacionales -que no están sujetas a límites- y los proyectos que están financiados con fondos europeos.

La saturación en los nudos de la red de distribución encendió todas las alarmas por la pérdida de inversiones industriales que corren el riesgo de perderse en comunidades como País Vasco, Andalucía, Aragón o Cantabria, con cerca del 100% de la capacidad de su red disponible ya adjudicada y dio pie a las eléctricas para presionar al Gobierno a través de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y reivindicar una retribución más atractiva y por encima del 5,58% que propuso el regulador que no les obligue a redirigir sus inversiones a mercados más rentables.

En esta planificación, «la industria es protagonista sin lugar a dudas», enfatizó Aagesen. La nueva planificación incorporará, por ejemplo, el mallado de Jaén, las interconexiones con las islas o al refuerzo de los accesos de los polígonos industriales.

La ampliación temporal de los límites de inversión se incluye en el proyecto de Real Decreto que incluye medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico y cuyo borrador se encuentra en audiencia pública hasta el 6 de octubre. Esta iniciativa anticipará las inversiones para facilitar la electrificación pero también las limita y exigirá a las energéticas conocer sus planes de inversión y justificar y auditar sus decisiones ya que las empresas tendrán que someter sus planes de inversión a consulta pública.

Pero el volumen de inversión presentado estará condicionado. Al menos el 10% de la inversión deberá ir destinado a mejorar la seguridad de la red con el fin de evitar futuros apagones, el 15% a cubrir nuevas necesidades de consumo y al menos un 5% para proteger la avifauna.

El proyecto de planificación plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte y da respuestas a las principales demandas. El mayor reparto será para proyectos industriales con 9 GW: 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 560 MW para electrificación ferroviaria, 1,2 GW para electrificación portuaria; 13,1 GW para hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.

Estas inversiones deberán satisfacer demandas de industrias extractivas o manufactureras, demandas residenciales y para la descarbonización de la red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria.

Por otro lado, la CNMC está avanzando en el uso de la red flexible, lo que permite crear nueva capacidad a coste cero, según indicó la vicepresidenta. Para ello, se va a crear un grupo de trabajo para optimizar la capacidad de las redes donde espera que participen todos los agentes, así como la CNMC.