La OCDE pide a los Gobiernos acabar con las subvenciones a la energía

Sin embargo, alerta de que mantenerlas puede suponer un grave problema presupuestario, además de considerarlas injustas desde un punto de vista social, pues sus beneficios «se acumulan desproporcionadamente en los grandes consumidores de energía, que a menudo tienen rentas altas».

Bajo esta premisa, la OCDE hace un llamamiento para que los Estados empiecen a «eliminar gradualmente» este tipo de medidas, al considerar además que incentivan el uso de combustibles fósiles y los subsidian. Tampoco termina de gustar al organismo el tope a los precios energéticos que han comenzado a aplicar algunos países como España, para los contratos en el mercado regulado.

La denominada excepción ibérica ha impedido que los precios de la factura del gas suban más todavía. Pero la OCDE indica que incluso si los gobiernos que la aplican «compensan a quien suministra por sus pérdidas», los topes pueden acabar «desincentivando inversiones en infraestructuras y agravando la escasez de suministro».

En definitiva, la organización reconoce que las políticas fiscales acometidas por los gobiernos pueden suponer un alivio temporal, pero tendrán un coste que puede ser muy elevado si se extienden en el tiempo, incluso por la vía de la inflación al impedir que la demanda se ajuste a la escasez de oferta.

Los cálculos de la organización, el coste de las medidas fiscales de todos los países de la OCDE entre octubre de 2021 y finales de 2022 ascenderá a un total de 246.000 millones de dólares.