España rechaza la propuesta para considerar 'verde' la energía nuclear y el gas

«Independientemente de que puedan seguir acometiéndose inversiones en una u otra, consideramos que no son energías verdes ni sostenibles», recalca la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en el documento.

El Ministerio responde así a los cambios que Bruselas ha propuesto (y que remitió el pasado 31 de diciembre a los Estados miembros) para modificar la denominada 'taxonomía verde', que fija los criterios para determinar si una actividad económica es sostenible y, por lo tanto, puede recibir financiación mediante, por ejemplo, la emisión de bonos verdes.

El Gobierno entiende que la taxonomía es un instrumento clave para contar con referencias comunes que puedan ser usadas con inversores para lograr la descarbonización de la economía. Y admite que tanto la nuclear como el gas natural tienen un papel que jugar en la transición.

Desde el Ministerio explican, no obstante, que ese papel «es limitado en el tiempo», por lo que esas energías deben ser tratadas de forma aparte, quizá en una categoría intermedia que las diferencie, por ejemplo del carbón. Pero nunca dentro del cajón del que forman parte otras energías clave para la descarbonización como la eólica o la solar.

«No tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética del conjunto de la UE», admiten fuentes del Ejecutivo.

Según el marco regulatorio dispuesto en el Pacto Verde Europeo, el reglamento de la taxonomía tiene como propósito guiar a las empresas e inversores nacionales e internacionales en sus planes de descarbonización, identificando actividades y sectores económicos ambientalmente sostenibles y que contribuyan a la reducción de CO2, metano y otros gases causantes del cambio climático. Igualmente pretende ayudar a encauzar esas inversiones hacia aquellos sectores esenciales para lograr la meta de la neutralidad climática en 2050.

«España considera que para cumplir dichos objetivos la taxonomía debe ser creíble, útil y basada en la evidencia científica», indican desde el Ministerio del ramo. La clave para considerar 'verde' una actividad económica o una tecnología sería, en este sentido, su contribución sustancial a las principales metas ambientales de la UE, como mitigar el cambio climático.

Y en este punto, Ribera considera que las emisiones de metano de la generación por gas natural y la cuestión de los residuos de la energía nuclear «ponen en cuestión la inclusión de ambas tecnologías dentro de la taxonomía verde». «Incluirlas supone una señal errónea para los mercados financieros y no aporta la necesaria claridad para enfocar los flujos de capital hacia la economía descarbonizada, resiliente y sostenible prevista en el Pacto Verde Europeo», insisten.

Según el documento remitido a los Estados miembro, la propuesta de Bruselas es que la medida afecte a las centrales que estén ya en marcha y a aquellas que se construyan hasta el año 2045. En el caso de la generación con gas, el etiquetado verde sería al menos hasta 2030.

La idea de Bruselas es que todos los países terminen por acatar este polémico proyecto del que la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se ha convertido en su más firme defensora en los últimos tiempos, consciente de la amplia brecha abierta entre los países en la materia.

Hay que tener en cuenta que el objetivo de la Unión Europea es reducir las emisiones de CO2 un 55% en 2030. Y es bien conocido que la nuclear en sí misma es considerada como una energía de cero emisiones. Pero otra cosa es lo generado con la construcción de plantas, los procesos de extracción de metales o la gestión de los residuos. Un punto al que se aferran los ecologistas y los países que, como España, son partidarios de ir enterrando poco a poco estas centrales.

Alemania, por ejemplo, está empleando gas para sustituir sus antiguas centrales de carbón. Pero el proceso de cierre de las nucleares es imparable. De las seis centrales que mantenía operativas, cerró tres el último día de 2021. Y las tres que quedan (Emsland, Isar y Neckarwestheim) pasarán al apagón antes de que termine este nuevo ejercicio. Y hay que tener en cuenta que los verdes son la segunda fuerza en el Gobierno de coalición de Olaf Scholz. Y son contrarios también al gas.

Precisamente, uno de los líderes de los socialdemócratas en el parlamento alemán, Matthias Miersch, ha expresado su rechazo al plan al considerar que «la energía nuclear es insostenible y no tiene sentido, desde un punto de vista económico», dado el coste del almacenamiento de residuos y de la incapacidad para financiar nuevas plantas sin «enormes subsidios de por medio».

«El futuro solo debe pertenecer a las energías renovables, especialmente a nivel europeo», insiste. Y advierte de uqe si se añaden subsidios a la energía nuclear, «el resultado sería una distorsión enorme de la competitividad».

También Austria se ha posicionado en contra. La ministra para Acción Climática del país, Leonore Gewessler, ha amenazado en su cuenta de Twitter con que si finalmente los planes se ponen en marcha tal y como están redactados, «los denunciaremos».

En el otro lado de la balanza, liderando la firme apuesta por la nuclear, se encuentra la otra gran potencia europea. Francia, donde las centrales atómicas aportan en torno a un 70% de la electricidad total que se consume en el país.

En España, y además del comunicado oficial del Ministerio de Transición Ecológica, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se pronunció el mismo sábado en contra e instó a la Comisión a «reconsiderar» su propuesta «para evitar alejarse de la evidencia científica y la demanda social».

También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha expresado a través de su cuenta de Twitter que el borrador de la Comisión revela una actitud «más peligrosa que el puro negacionismo climático».

Entre las voces discordantes, y a la espera de una posición oficial por parte del principal partido de la oposición, aparece la de Vox, que ha celebrado la propuesta de Bruselas al considerar que «es de sentido común» ante lo que denominan «ecologismo radical».

Los Estados miembros y la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles tienen hasta el 12 de enero para responder a la propuesta. Entonces, la Comisión preparará una ley delegada que será enviada a los países y al Parlamento Europeo para su debate.