Plus Ultra niega estar vinculada con el Gobierno venezolano

Así, la compañía ha reclamado este miércoles a través de un comunicado que se le «deje de utilizar como arma arrojadiza en la batalla política que se recrudece conforme avanza la precampaña electoral» por los comicios en la Comunidad de Madrid.

La aerolínea ha reiterado que «la campaña de clara índole ideológica y partidista» que se ha desarrollado tras la aprobación de un préstamo de 53 millones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el impacto de la Covid-19 «está dañando la reputación y honorabilidad de los accionistas y empleados de esta aerolínea española«.

La compañía ha vuelto a matizar que su capital social es mayoritariamente español, así como su consejo de administración. Sin embargo, algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española y venezolana, lo que, señala, «no justifica en ningún caso las acusaciones improbadas de relación o trato de favor con gobierno o régimen político alguno».

La aerolínea matiza que las relaciones de la aerolínea con las autoridades venezolanas, al igual que con las españolas y las del resto de países en que trabaja, «no van más allá de las lógicas y necesarias para poder operar su negocio».

Por todo ello, Plus Ultra Líneas Aéreas niega «rotundamente» que los accionistas y consejeros de la empresa hayan formado parte del Gobierno venezolano ni de un ente público en ese país.

La aerolínea, además, quiere hacer constar que es «notorio el trato injusto y difamatorio al que se está viendo sometida Plus Ultra Líneas Aéreas y algunos de sus accionistas por el mero hecho de ser venezolanos», ya que se trata de empresarios que han decidido invertir parte de su patrimonio en España, «generando empleo y contribuyendo al desarrollo de la economía del país».

Por todo esto, Plus Ultra Líneas Aéreas pide que «impere el sentido común» y que sus accionistas y los más de 2.500 empleos -directos e indirectos- que genera «puedan ejercer su actividad con normalidad y centrarse en ayudar a contribuir a la recuperación económica».

En el comunicado, la compañía ha añadido que España es el segundo país receptor del mundo en inversiones de Latinoamérica, pero que «situaciones injustas como la que está soportando» la aerolínea «no benefician a nadie y lo único que consiguen es perjudicar innecesariamente la imagen del país como posible destino de inversiones».

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de marzo el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas por importe de 53 millones de euros, con un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.

Tras el anuncio de este rescate, trascendió la posible vinculación al Gobierno venezolano y que la compañía ha registrado pérdidas desde 2011, motivo por el que ha sido cuestionada la operación por parte de la oposición. Desde el Gobierno reiteran que se trata de una empresa «estratégica» por el nicho de mercado que ocupa y cumple «los criterios» para recibir ayudas vinculadas a los fondos de solvencia.

Asimismo, la SEPI había encargado tres informes independientes para analizar la concesión de la ayuda a la aerolínea Plus Ultra, de los que todos ofrecieron un resultado favorable al rescate, realizados por el banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, Deloitte Legal como asesor jurídico y garante de los trámites administrativos y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).