La Justicia europea reduce a 237 millones la multa a Intel por abuso de posición dominante
Considera que esta sanción, que rebaja en 140 millones la que impuso la Comisión en 2023, se ajusta más a la gravedad y la duración de las infracciones de la empresa de microprocesadores
La Justicia europea ha confirmado este miércoles la multa impuesta por la Comisión Europea a Intel por su abuso de poder en el mercado de ... los microprocesadores. El Tribunal de General de la Unión Europea (TGUE), con todo, ha decidido reducir en 120 millones de euros la sanción económica, por lo que la compañía deberá abonar finalmente unos 237 millones de euros -frente a los 376 millones que le reclamaba en un principio el Ejecutivo comunitario-. La sentencia de la corte con sede en Luxemburgo podrá ser ahora recurrida ante la máxima instancia europea, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El TGUE considera que la Comisión era competente para sancionar las restricciones «manifiestas» impuestas a determinados fabricantes de ordenadores y que al haber demostrado los tribunales europeos que existían estas restricciones anticompetitivas, Bruselas «no estaba obligada a volver a demostrar su competencia ni a redefinir una nueva infracción». De este modo, la institución comunitaria solo tenía que ejecutar las sentencias anteriores recalculando la multa sobre los comportamientos de Intel que seguían siendo cuestionados.
En su sentencia, el tribunal desestima las alegaciones de Intel de que la motivación de la decisión de 2023 «era insuficiente» y de que se vulneró su derecho de defensa. Insiste en que los procedimientos de la Comisión son de sobra conocidos y que sus decisiones se explican con claridad, tanto el cálculo de la multa como las razones que la motivan.
En cuanto al importe de la multa el Tribunal General considera que se aplicaron correctamente los criterios de gravedad y duración de la infracción -el abuso dominante de su posición como una estrategia global para expulsar a su competidor AMD del mercado de los microprocesadores-. Finalmente, la Justicia europea ha rebajado la sanción económica a Intel a 237 millones de euros, al tener en cuenta el «número relativamente limitado de ordenadores afectados por dichas restricciones». Considera que esta cuantía «refleja más adecuadamente la gravedad y la duración de la infracción cometida».
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