La intrahistoria del consejo «áspero y duro» de Indra por la compra de Escribano

De los 16 miembros del consejo, solo 13 participaron. Los hermanos Escribano —Ángel, presidente de la compañía, y Javier, también consejero— no asistieron por un posible conflicto de intereses, dado su vínculo con la empresa objeto de estudio. La tercera ausencia fue la de Ángeles Santamaría, consejera independiente hasta el día anterior a la reunión. La directiva dejó su puesto por «motivos personales» y tres meses antes de finalizar su mandato. En noviembre asumirá un nuevo cargo en Mapfre. Su salida se produjo en el contexto de su oposición a la operación que se iba a tratar en el consejo.

Hasta ese momento, la integración de EM&E no había sido discutida formalmente en el seno del órgano de gobierno. Lo que hasta ahora habían sido intenciones publicadas en medios desde abril se planteó por primera vez en el consejo. Según fuentes internas, la rapidez con la que se puso sobre la mesa la operación y la falta de un análisis profundo generaron incomodidad y motivaron que el proceso quedara en pausa.

La incorporación de EM&E a Indra —aún sin una fórmula societaria definida— se considera clave para el crecimiento de la compañía en el ámbito de la defensa, especialmente en áreas como la producción de munición guiada, sistemas contradrón y mecanismos de detección terrestre. El debate en el consejo, sin embargo, puso en evidencia las reservas que existen entre algunos consejeros sobre la forma en que se está llevando a cabo el proceso.

La operación ha quedado aplazada hasta que una comisión independiente, con el apoyo del despacho Garrigues, analice los pormenores de la posible absorción y determine si existe conflicto de interés. La documentación final, salvo sorpresa, no estará lista antes del verano, por lo que la operación no llegará al consejo ordinario del 23 de julio.

En la última junta de accionistas, un minoritario de Indra ya advirtió del riesgo de judicialización del proceso si la integración seguía adelante sin garantías. Fue Manuel Revuelta, quien consideró que la operación en ciernes representa una amenaza para la compañía, así como susceptible de generar un «grave quebranto patrimonial», junto con «posibles peligros reputacionales y legales no solo en España sino a nivel internacional».

El posible impacto político también añade incertidumbre. Un eventual cambio en la presidencia del Gobierno implicaría un relevo en la SEPI —accionista mayoritario— y podría alterar el rumbo estratégico de la compañía. Aunque en marzo el presidente de Indra recibió un respaldo amplio en el Congreso de los Diputados, el escenario institucional sigue abierto. A ello se suma la presión de Bruselas a los Estados miembro para aumentar el gasto en defensa, una coyuntura que la dirección de Indra considera una «oportunidad histórica».