Iberdrola, al banquillo acusada de manipular los precios eléctricos en 2013

A finales del pasado mes de mayo, el magistrado ya puso fin a cinco años de investigación y proponía a la Sala de lo Penal juzgar a los acusados por delitos contra el mercado y los consumidores. La presunta operativa delictiva generó a la compañía unos beneficios de 21,5 millones de euros y un perjuicio a los consumidores de unos 100 millones por la subida del precio de la luz.

Casi un mes después, la Fiscalía Anticorrupción pedía enviar a juicio a Iberdrola Generación al sostener que incurrieron en un delito relativo al mercado, por lo que pide una «pena de dos años de prisión» para cada directivo y una multa de 84,9 millones de euros para la filial de la eléctrica. También solicita que los acusados indemnicen a las comercializadoras y consumidores afectados con un «máximo» de 107,3 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos acordó en aquella resolución continuar los trámites del procedimiento abreviado (similar al procesamiento) de una causa que comenzó en 2017 tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El instructor explicaba que las diligencias practicadas en todos estos años, incluida una entrada y registro en las sedes de Iberdrola Generación de Madrid y Bilbao, son suficientes para dar por concluida la instrucción.

La mayor empresa del Ibex 35 por capitalización bursátil -que ya asumió una multa de la CNMC de 25 millones por infracción muy grave- recortó a finales de 2013 la producción de las centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo para elevar el precio de la electricidad. Se trata de unos hechos que recogió Anticorrupción en su denuncia, en la que apuntó que «con la finalidad de lucrarse ilícitamente» Iberdrola ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía y sin causa legítima que lo justificara.

Estas acciones, que volvieron a repetirse presuntamente el pasado verano con el vaciado de los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), determinaron la retirada de la programación de las centrales de la multinacional.

Fuentes de la compañía consultadas por este diario aclaran que es un caso «sin ninguna relevancia penal». Insisten también en que «en los reiterados informes independientes» expuestos durante la instrucción se indica que «no solo no nos vimos beneficiados» en aquel momento, «sino perjudicados por los factores externos». Se refiere a la época de sequía vivió España a finales de 2013 y a la restricción impuesta al uso de agua como fuente de generación eléctrica en aquel momento a través de sus pantanos con centrales hidroeléctricas.

El instructor dedica buena parte de su auto al expediente sancionador que se le abrió a la multinacional vasca en la CNMC por este asunto. Al respecto explica que, en vista de todos los hechos recogidos por el organismo regulador, la Audiencia Nacional consideró «importante» indagar cómo se tomó esta decisión dentro de Iberdrola Generación así como quienes la ejecutaron.

La Policía Judicial intervino abundante documentación y tomó declaración a trabajadores de Iberdrola Generación. Los testigos aportaron información clave sobre estas manipulaciones del precio y las áreas responsables, lo que permitió al juzgado esclarecer una cadena de mando sobre estas decisiones e imputar a cuatro de sus entonces directivos: el responsable de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri; el exjefe de Optimización de Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño; el jefe de Gestión de Activos José Luis Rapún; y de su homólogo en Mercados a Corto Plazo y Generación Global, Javier Paradinas.

Frente al criterio de los investigadores, la multinacional ha defendido que se trata de una «discrepancia administrativa» entre la CNMC e Iberdrola y afirma que peritos independientes pueden acreditar que no se produjo ningún perjuicio económico al mercado. Contra el auto del juez cabe recurso de apelación ante la Sala.