Exconsejeros del BBVA se sintieron espiados por Francisco González

Así lo han relatado a EL CORREO algunos de los exconsejeros de la entidad que dimitieron -en honor a la verdad hay que decir que fueron cesados u obligados a dimitir- en el año 2002, después de que se destapara la existencia de activos del antiguo BBV que habían permanecido fuera del balance de la entidad, gestionados a través de sociedades radicadas en la isla de Jersey. Un asunto que ya había provocado a finales de 2001 la dimisión del entonces copresidente del banco, Emilio Ybarra, y del consejero delegado, Pedro Luis Uriarte.

«Durante varios años tuve la absoluta seguridad de que mis teléfonos estuvieron controlados, lo mismo que los de mis familiares más cercanos. Todos notamos cosas raras, como la repetición grabada de la conversación que acababas de tener, cuando volvía a descolgar el teléfono», asegura un exconsejero del banco de aquella época.

La tensión entre aquel grupo de consejeros procedentes del BBV y Francisco González era más que evidente. El afloramiento de aquella operativa paralela que había tenido la entidad durante décadas, dejó también al descubierto la apertura de fondos de pensiones a nombre de los 22 consejeros que procedían del banco vasco, formalizados justo antes de la fusión con Argentaria y por un importe conjunto de 19,3 millones de euros. El dinero procedía de las cuentas de Jersey y todo apuntaba a que era una postrera compensación a los consejeros, dado que a partir de ese momento y tras la fusión se iban a rebajar de forma significativa sus retribuciones en el nuevo consejo.

Aunque vista con perspectiva histórica aquella compensación -la media era inferior a 900.000 euros por consejero- hay que calificarla como 'marginal' en comparación con las indemnizaciones que ha abonado el banco en la última década a algunos de sus altos cargos, lo cierto es que fue la palanca sobre la que Francisco González se apoyó para hacer un auténtico barrido en la cúpula de la corporación. A partir de ese momento, los consejeros que procedían de Argentaria pasaron a ser mayoría y González pudo comenzar a gestionar la entidad bancaria sin trabas ni oposición.

«Siempre sospeché que los escoltas pasaban información al banco. A dónde iba, con quién me reunía, qué decía en su presencia...», apunta otro exconsejero del banco. El propio Francisco González, aseguran, se había «empeñado» en que la entidad financiera abonase los gastos de la escolta de los ya exconsejeros, pese a las circunstancias en las que estos habían abandonado el banco y la tensión existente.

Aunque en aquel momento casi todos lo entendieron como un «gesto lógico», habida cuenta de que muchos de ellos mantenían su residencia habitual en el País Vasco y su notoriedad pública les había colocado en el centro de la diana de la extorsión de la banda terrorista ETA. «Al margen de su trabajo como escoltas y de que eran unas personas realmente amables, y también de que su principal misión era protegerme, siempre tuve la idea de que lo que ellos viesen iba a ser conocido por Francisco González», añade el exconsejero.

La tensión entre aquel grupo de consejeros y el presidente del BBVA se mantuvo viva muchos años y no sólo porque el asunto derivó en un procedimiento judicial instruido por el juez Garzón -el Tribunal Supremo determinó que no hubo una actuación ilícita en el caso de los fondos de pensiones-, sino también porque algunos fueron señalados como protagonistas en la operación que, precisamente, animaría a Francisco González a contratar los servicios del comisario Villarejo.

El intento de Luis del Rivero -presidente de Sacyr- y de Juan Abelló de tomar el control del banco y destituir a Francisco González, contó con el respaldo implícito de algunos exconsejeros que tenían participaciones accionariales significativas. Según las filtraciones de información que se han producido en las últimas semanas, el banco contrató los servicios de Villarejo para defenderse precisamente de ese grupo de accionistas, aunque los métodos empleados, al parecer, huelen a ilegalidad por los cuatro costados.

Según estas informaciones, Villarejo espió a cientos de empresarios, altos cargos de la CNMV e incluso a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, monitorizando y grabando sus conversaciones telefónicas. Los resúmenes de esas conversaciones, al menos la parte fundamental de lo que tenía que ver con el intento de 'asalto' por parte de Sacyr a la cúpula del banco, eran entregados al jefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, quien a su vez informaba a Francisco González.