El consejo de Indra considera que la compra de Escribano es «coherente» con su estrategia

La compañía, en la que el Estado es primer accionista con un 27% a través de la SEPI, reunió este miércoles a su principal órgano de gobierno «sin la asistencia de los señores consejeros afectados por conflictos de interés», en referencia al riesgo que supone que la empresa intente adquirir otra compañía propiedad de su presidente. El encuentro ha servido para, al menos de momento, avalar la operación tras el informe para analizar la operación elaborado por la Comisión ad hoc formada por consejeros independientes (Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman).

«Este acuerdo no supone ni anticipa la aprobación de ninguna operación. Tampoco condiciona ninguna clase de fórmula que se pudiese llegar a adoptar ni ninguno de sus términos económicos, que aún no han sido valorados por el consejo de administración. Tras este acuerdo, la compañía y sus respectivos equipos y órganos sociales continuarán con el análisis del resto de aspectos relevantes de la potencial operación», añade el comunicado.

La potencial operación, que podría cerrarse en la primavera de 2026, está siendo capitaneada por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, dado que tanto Ángel Escribano como Javier Escribano se están ausentando de todas las conversaciones del consejo de administración de Indra, donde las principales dudas se centran en la fórmula de la operación.

Segun fuentes conocedoras, la idea es que no sea ni «una absorción ni tampoco habrá desembolso monetario». Es decir, el trabajo de Goldman Sachs y Morgan Stanley, por un lado, y JP Morgan y Banco Santander, por otro, se centraba en un canje de acciones para ajustar todos los intereses. La duda es saber qué porcentaje recibirán los Escribano y en qué posición quedarán dentro del accionariado de la cotizada. En la actualidad, Ángel y Javier poseen poco más del 14%, solo superados por el Estado, a través de la Sepi, que ostenta el 28%.

Este encaje no es baladí ni tampoco sencillo de cuadrar, ya que un porcentaje superior al que posee la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales provocaría que Javier Escribano tuviera que lanzar una OPA, dado que la normativa vigente establece que «cuando una persona o empresa alcanza el 30% o más de los derechos de voto de una sociedad cotizada, debe formular una OPA obligatoria por el 100% de las acciones». De ahí que la valoración de EM&E se esté mirando con lupa y que los expertos la sitúen en una horquilla de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. En el caso de que el canje se hiciera por el importe más bajo de esta franja, supondría el intercambio del 14% de Indra y dejaría a la familia Escribano al borde del 30%.

La potencial fusión con EM&E supondría para Indra incorporar a su perímetro una empresa de armamento, un negocio en el que la compañía ya ha manifestado su interés y para el que ha creado una nueva división, denominada Weapons & Ammunitions.

Cabe recordar que EM&E desarrolla, entre otros productos, torretas para tanques y vehículos blindados, un mercado este último en el que la compañía también participa junto a Indra, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics) a través de Tess Defence, ahora filial de Indra y adjudicataria de la fabricación para el Ejército español de los 8x8 Dragón y del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), dos contratos valorados cada uno de ellos en torno a 2.000 millones de euros.