El Gobierno acusa a Del Pino de llevarse Ferrovial por el impuesto a grandes fortunas

Esa es la versión que este jueves apuntaban fuentes gubernamentales tras unas intensas horas en las que el Gobierno ha pasado de tachar de «error» este cambio a reprochar a la compañía que olvide sus raíces españolas. Eso, además de responsabilizarle de un «gesto» que hace daño al conjunto de la economía frente al mercado mundial.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acusó desde Dinamarca –donde se encontraba dentro de una gira por varias capitales europeas- al presidente de Ferrovial de que con su anuncio, «desde luego, no está comprometido con España», a diferencia de otros «ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios». «Tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción», añadió.

Sin embargo, el propio Rafael del Pino ya advirtió a principios de año en un foro en ABC que «debemos volver a convertir a España en un destino atractivo para invertir». Lo hizo pocos días después de la puesta en marcha definitiva del impuesto a las grandes fortunas.

Del Pino es el tercer español más rico, con un patrimonio de más de 3.800 millones, según el último ranking de Forbes. Su 20,4% de acciones en Ferrovial lo gestiona a través de la sociedad neerlandesa Rijn Capital. Mientras, desde la constructora insisten en que el cambio de sede no tiene ninguna connotación política y se restringe a una decisión empresarial y estratégica.

Pero el Gobierno lo duda. Por eso, según confirmó el propio Sánchez, «vamos a comprobar que el anuncio que ha hecho corresponde con la legalidad», esto es, si realmente cumple con lo exigido para justificar el cambio de sede social a otro país –su presencia hoy día en Ámsterdam es mínima–. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, trabajará junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para determinar si tienen «sustancia» sus argumentos.

Calviño llegó a apuntar este jueves que el Ejecutivo está dispuesto a modificar la normativa para que Ferrovial pueda cotizar simultáneamente en la Bolsa de Nueva York y en los mercados españoles. «Se va a analizar todo», indicó la ministra, mientras el presidente insistió en que «vamos a seguir la situación de cerca».

No obstante, la vicepresidenta negó que el Gobierno presione a Ferrovial para que mantenga su sede en España. Señaló que el traslado es una decisión interna de la empresa, pero volvió a expresar su malestar porque entiende que supone una «falta de compromiso con España» por parte de «una empresa que le debe tanto» al país. «Hablo de compromiso con España y de un gesto que, en mi opinión, es erróneo», insistió Nadia Calviño durante una entrevista en Onda Cero, donde insistió en que aún así estudiará «la sustancia» de los argumentos que la empresa ha esgrimido para justificar su traslado a Países Bajos.

Ante el agravamiento del ambiente de hostilidad, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió respetar la decisión de Ferrovial. El jefe de la patronal reclamó, de nuevo, «no demonizar» a empresas y empresarios españoles, puesto que considera que son quienes «generan riqueza».

Mientras, el reguero de miembros del Gobierno que cuestiona la decisión de Ferrovial sigue aumentando. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, instó este jueves a la empresa a que «mantenga los más de 5.000 puestos de trabajo en España». También el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, criticó la «mala codicia» que se encuentra detrás de esta decisión ante una visión «cortoplacista» de la empresa.

A este respecto, el grupo parlamentario de Unidas Podemos registrará en los próximos días una proposición de ley en el Congreso para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas. En concreto, serían las obtenidas en los diez años anteriores a la decisión de abandonar el país y pagando intereses de demora.