Nuevo revés judicial para Uber en Europa

Uber está encausada en Francia por su servicio UberPOP, que decidió suspender en verano de 2015 en este país, en base a una ley de 2014. El sistema permitía a los usuarios realizar un desplazamiento urbano tras contactar con conductores no profesionales mediante su teléfono inteligente.

La empresa con sede en California (oeste de Estados Unidos) alegaba que no podía ser encausada ya que Francia debía haber comunicado esa ley a la Comisión Europea, al considerar que la norma afectaba a un servicio del ámbito de la sociedad de la información.

Los países «pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de una actividad de transporte como UberPOP» sin pasar por la Comisión, indicó en cambio en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en respuesta a las dudas planteadas por un tribunal de Lille (norte de Francia).

El alto tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, recordó que servicios como UberPOP están comprendidos en el ámbito del transporte y no constituyen un servicio de la sociedad de la información, por lo que «no se aplica la obligación de notificación previa a la Comisión».

Uber relativizó el fallo, al considerar «legítimo regular servicios como Uber». «Vamos a continuar dialogando con las ciudades europeas», apuntó a la AFP una portavoz de la compañía, que sólo mantiene su servicio UberPOP en tres países de la UE: Polonia, Rumanía y República Checa.

Para responder a las exigencias de las autoridades, la empresa lanzó un nuevo servicio conocido como UberX que emplea a conductores profesionales con las licencias correspondientes. De esta manera, la compañía pudo regresar a Barcelona en marzo tras tres años de ausencia.

El nuevo fallo representa un nuevo revés, después que el TJUE fallara en diciembre de 2017, en respuesta a las dudas planteadas por un tribunal español, que Uber es un servicio de transporte, al que se pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis. Y, además, puede implicar nuevas sanciones para la empresa en Francia, donde un tribunal de París impuso en junio de 2016 una multa de 800.000 euros, de la que sólo tenía que abonar la mitad, y otras de menor cantidad a dos de sus dirigentes, Pierre Dimitri Gore-Coty y Thibaud Simphal. Los magistrados consideraron entonces, en virtud de la ley de 2014 adoptada en pleno conflicto entre taxistas con los conductores de UberPOP, culpable a Uber de ejercicio ilegal de la profesión del taxi y de organización ilegal de un sistema de contacto con el cliente, entre otros.

Por su parte, el tribunal de Lille, al origen del fallo de este martes, decidió aplazar en marzo de 2016 su decisión sobre ese último cargo a la espera del fallo del TJUE, aunque impuso a Uber una multa de 50.000 euros por «práctica comercial engañosa».

«Es una gran satisfacción», reaccionó Tayeb Ismi, abogado del taxista que llevó a Uber ante el tribunal de Lille. «La ley se aplica. La puesta en contacto entre un usuario y un conductor no profesional está ahora sancionada por una regla penal», apuntó a la AFP.

La decisión del alto tribunal cayó en cambio como un jarro de agua fría en el grupo de presión del sector digital CCIA, al que pertenece Uber, que lamenta su eventual impacto en el mercado único digital, que «seguirá siendo una visión y no una realidad para las empresas». «El Tribunal ha dado a los Estados miembros más margen de maniobra para frustrar el mercado único digital mediante medidas restrictivas, desproporcionadas e injustificadas a nivel nacional», lamentó Jakob Kucharczyk, del CCIA.