La Administración malgasta 48.000 millones al año por la falta de competencia

El órgano que preside José María Marín Quemada ya ha dado la voz de alerta sobre este problema en otras ocasiones, aunque fue este miércoles cuando inició una campaña para solicitar la implicación directa de los órganos públicos responsables de esos concursos.

A tal fin ha elaborado un decálogo de indicios de posible manipulación de los contratos para que sus responsables, en caso de vislumbrar algún tipo de sospecha, lo comuniquen a la CNMC, que a su vez les asegura su confidencialidad. Incluso habilita la posibilidad de realizar denuncias anónimas por teléfono (91-7931600) o correo electrónico (buzoncolaboración@cnmc.es).

Los técnicos de la Comisión han cuantificado en un 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB) los sobrecostes en que incurren las administraciones públicas (estatal, autonómica, provincial y local) por los «comportamientos anticompetitivos de las empresas oferentes en los concursos». Y el problema podría ir a más, advierten, ya que la contratación pública supera cada año el 15% del PIB, lo que supone más de 161.345 millones de euros por ejercicio.

La primera medida que reclaman a las autoridades competentes es «mejorar el diseño de los concursos», a fin de que las cláusulas de los pliegos «sean respetuosas con los principios de la regulación económica eficiente» y «no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo». Pero la supervisión, avisan, «también es importante».

Indicios de manipulación

Por eso, y ante el carácter «secreto» que suelen tener ese tipo de acuerdos «ilícitos» cuyo fin es no competir realmente en las licitaciones con la Administración, la CNMC ha publicado un listado (check list) con los que, a su juicio, serían los principales indicios de que hay irregularidades en ese tipo de relaciones comerciales Y el primero de ellos es, precisamente, que exista un número reducido de empresas interesadas en el contrato, algo que «puede deberse a la existencia de un acuerdo previo entre ellas» del que no informen.

También resulta sospechoso, según la Comisión, la presentación de ofertas «incoherentes» con diferencias «sustanciales y no justificadas» por un mismo licitador para concursos parecidos. Lo mismo pasa con las «similitudes» llamativas entre ofertas en teoría distintas y los indicios de boicot, cuando «licitadores habituales se abstienen buscando que el procedimiento público quede desierto para luego ir a otro negociado» y, a su vez, más restringido.

La presentación de ofertas que más bien sean de «acompañamiento», la subcontratación injustificada entre empresas participantes en un mismo concurso, las uniones temporales sin razón aparente, el uso de redacciones similares en propuestas de firmas distintas o la utilización de la misma persona (física o jurídica) para presentarlas son otros indicios de posible manipulación a considerar.