El Gobierno declarará nulos todos los contratos suscritos en las llamadas no solicitadas o 'spam'

La reforma de la Ley de servicios de atención a la clientela, «que afronta su última fase de tramitación parlamentaria que votará el Congreso próximamente y que será un hito en la defensa de los consumidores», dijo Bustinduy este martes, se completará con la medida de «declarar nulos todos los contratos que deriven de una llamada comercial no consentida para desincentivar este modelo de negocio y hacer, por tanto, que las empresas dejen de incurrir en estas prácticas que generan tanta molestia a la ciudadanía».

Bustinduy confía en que la ley, con las nuevas enmiendas consensuadas entre PSOE y Sumar, sea aprobada por el parlamento y que las empresas la «respeten». Se busca poner coto a la venta de productos y servicios por teléfono, algo que ya intentó la Ley General de Telecomunicaciones, en vigor desde junio de 2023.

Allí ya se planteaba el derecho a «no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario». Siendo inútil en la práctica ese aviso legal, y por el método de ensayo y error, el Ministerio de Consumo se aliará con el Ministerio de Transformación Digital para que las compañías no burlen la ley -que sólo servirá para las «llamadas que se realicen dentro de España, porque muchas veces se hacen desde centralitas que están en el extranjero», denunció Bustinduy-.

Con una «orden ministerial que busca precisamente atajar ese proceso fraudulento por el que se hace pasar por una llamada con una numeración española, una que venga desde el extranjero», define el ministro, se podrá «poner orden y garantizar el derecho de los consumidores a vivir tranquilos, que no es una cosa menor».

Para lograrlo, la ley, que no tiene un plazo de votación aunque está en una «última fase de tramitación parlamentaria», el Gobierno se apoyará en la «tecnología».

«Las compañías de telecomunicaciones tienen tecnología suficiente para poder identificarlo», afirmó el ministro. «En el caso en el que una línea telefónica asociada a una empresa esté realizando una llamada comercial que no utilice ese código, las compañías de telecomunicaciones la bloquearán inmediatamente».

En caso de incumplir la nueva norma, las sanciones que se aplicarían son las que «prevé la Ley General de Consumidores y Usuarios». «Ninguna empresa puede estar por encima de la ley, ni es intocable. Los derechos de los consumidores deben respetarse. Los consumidores no están indefensos y la regulación pública y también la denuncia de prácticas abusivas son clave para que tengamos unas relaciones comerciales que sean más democráticas, más justas y más transparentes».

Para cerrar contratos ofrecidos por teléfono, el consumidor debe haber prestado consentimiento previo a recibir las llamadas y esa aprobación durará como máximo dos años. Una vez pasado ese lapso las empresas deben renovar el consentimiento, «porque a todo el mundo le ha pasado que ha autorizado con una casilla recibir llamadas comerciales, pero eso no puede ser una autorización sin fecha de caducidad», advirtió Bustinduy. «Esto no es una cosa menor, porque de lo que se trata es de impedir que haya modelos de negocio que se basen en menoscabar el derecho al tiempo, al bienestar o a la privacidad de los consumidores».

Otras medidas que se presentan en la enmienda son: evitar la renovación automática de suscripciones, «para que cada 15 días antes de renovar un contrato se informe a los consumidores y puedan decidir si desean mantener su suscripción o no»; la prohibición de reseñas falsas; la transparencia a los gastos de gestión en la compra de entradas para que el precio final se refleje «desde el principio»; la regulación de un tiempo máximo de espera telefónica de tres minutos en los servicios de atención al cliente y el «derecho a que nos asista una persona en cualquier momento del proceso cuando así se solicite».