El campo, extenuado, reclama soluciones ya

Pero, ¿cuáles son esos «ataques»? Las actividades agropecuarias llevan ya varios años arrastrando una serie de problemas, en parte estructurales y que se resumen a continuación, aunque el pasado 2019 los ha agudizado con una pérdida de la renta agraria cercana al 9% pese a que la inflación subió casi un punto.

Es el gran problema agrario pero de solución complicada. Agricultores y ganaderos reciben precios muy inferiores a los que abonan los consumidores, pues en la cadena alimentaria también hay intermediarios y distribuidores. Pero esas diferencias en varios casos son abismales y, además, se bajan algunas tarifas en origen aunque suben en destino.

Descontado el efecto de la inflación, en los últimos 15 años la contraprestación pagada a agricultores y ganaderos (los pescadores están en situación similar) ha caído un 15,5%, mientras que la industria procesadora y las cadenas de distribución han incrementado sus tarifas un 27%. Y según el índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD) que elabora cada mes COAG, en diciembre la diferencia en un producto tan esencial como la patata se disparaba hasta el 700% –ocho veces más caro para el consumidor–, en la cebolla era del 625%, en la naranja del 574%, el 543% en las acelgas, el 492% en los limones, el 454% en las manzanas, el 341% en las lechugas, el 301% en la carne de ternera, el 244% en el pollo y el 152% en la leche de vaca, entre otros. En promedio, los productos de la agricultura se encarecían 4,8 veces y en la ganadería 3.

Desde 2018, según la justicia europea, las ventas a pérdidas solo pueden sancionarse si son «desleales». Aún así, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciaba el martes que regulará «contra la destrucción de valor de los productos a lo largo de la cadena». La distribución aduce que no son el problema, que hay más actores, y el Gobierno promete ser más activo en sancionar abusos aunque las competencias están transferidas a las autonomías.

Los costes de producción de los profesionales del campo han pasado a representar casi el 50% del valor final (subieron un 3,5% en 2019) frente a solo la tercera parte hace poco más de un lustro. Fertilizantes, piensos y la energía eléctrica son fundamentales en los procesos agrícolas. También el combustible: el gasóleo cerró 2019 con su precio más alto en cuatro años y el Gobierno ha prometido elevar su fiscalidad en 2020, lo que reducirá los márgenes del sector. Y sin olvidar la subida de los seguros agrarios, donde las organizaciones agrarias denuncian actuaciones de monopolio y piden más ayuda del Estado para reducir su impacto.

La decisión de EE UU de elevar un 25% los aranceles a varios productos españoles, como el aceite de oliva, las aceitunas negras, el vino y el queso, es solo una parte de las barreras comerciales que los últimos años han aumentado para las exportaciones agrícolas españolas. Otros países, como China, mantienen aún importantes restricciones, mientras que el veto de Rusia a productos de la UE (por las sanciones derivadas del conflicto ucraniano)cierra un posible mercado alternativo.

La salida del Reino Unido fuera de la Unión Europea tiene entre sus paganos al campo. Aparte de tener que negociar un nuevo acuerdo, la nueva Política Agraria Común (PAC) tendrá menos recursos:en el caso de España, el último proyecto de reforma presentaba un recorte del 5,4%. El Gobierno quiere renegociarlo, y no es el único país, pero 2020 es el último año del anterior sistema, con 4.954 millones de euros a repartir entre un máximo de 693.000 agricultores y ganaderos.

La cifra de desempleados en el sector agrícola superó en enero las 150.000 personas –en 2019 dio trabajo a una media de 950.000 personas y apenas representa el 5% de la ocupación total–, un 6,5% más que en diciembre y el avance más elevado desde 2013. El Gobierno alude a un problema coyuntural por la campaña de la aceituna, pero otros años no se acusó tanto. Y en 12 meses ha perdido 1.700 autónomos. La subida del salario mínimo (SMI) ha sido la última gota, aunque se minimizaría si pudieran cubrir costes.

Sequía –más larga en 2019–, gota fría, temporales o granizo –el año pasado cayó el doble– han hecho que agricultores y ganaderos, además de pedir cambios en los seguros, se reivindiquen ante el cambio climático.