Santander gana su primera batalla judicial de peso por el Popular

Solo es una batalla, pero tiene su peso importante al ser el primer tribunal -y no solo distintos jueces de manera individual como hasta ahora- que se pronuncia sobre la ampliación de capital del Popular en mayo de 2016, que captó 2.500 millones de euros e incluso hubo una sobredemanda de casi el 36%. La Audiencia Provincial de Asturias estima que «no es posible reputar acreditado en este momento que los datos económicos y financieros del folleto (en el que se basó la emisión cuestionada) contengan graves inexactitudes».

Sostienen los tres magistrados de su sección civil que han revisado este caso que no han visto «prueba alguna» que les permita «formar una convicción de certeza sobre la existencia de manipulación de contabilidad». Al contrario, consideran que «las reglas de la lógica y normal criterio humano» llevan a concluir que no se puede afirmar, al menos «de forma indubitada», que hubiera «falta de veracidad» en dicho folleto.

En su criterio, la controvertida intervención del Popular hace 15 meses se debió a la «materialización de los riesgos» apuntados precisamente en ese texto, como su elevada exposición al 'ladrillo', el problema con las cláusulas suelo y la nueva circular contable. No obstante, advierten de que tampoco pueden ir más allá en su análisis porque, a diferencia de en el 'caso Bankia' (pendiente de juicio), aún no existe un informe de los peritos judiciales. La Audiencia Nacional ha acotado el análisis de esos dos inspectores del Banco de España al período 2015-2017, pese a la pretensión de las acusaciones de llegar hasta la ampliación de 2012.

El criterio de la Audiencia asturiana, que ha rechazado así la pretensión de un accionista de recuperar 5.455 euros invertidos en títulos del Popular, choca con otras sentencias anteriores de juzgados de lo civil. La última es del número 52 de Primera Instancia de Barcelona y su titular sí considera que hubo «vicio en el consentimiento» de compra de acciones en la ampliación de 2016.

Para ello afirma que la «dolosa información» facilitada por el banco provocó el «error» de su inversor (una empresa que perdió 6.000 euros), haciendo que tuviera «una representación ciertamente equivocada de la situación patrimonial y financiera» de la entidad, que pasó en pocos meses de presumir de «una elevada solvencia y confortable posición de liquidez» a cerrar el año con unas pérdidas de 3.485 millones de euros.

Pero las dudas no solo rodean esa ampliación, también persisten respecto a la intervención ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR) europea. Según un informe de la agencia de calificaciones S&P conocido este viernes, el Santander manejaba «semanas antes» ese posible escenario, lo que habría hecho que el grupo que dirige Botín llegara a plantearse una adquisición a bajo coste.

S&P afirma que el 22 de mayo de 2017 dos altos ejecutivos de su banco -a los que cita- presentaron el denominado 'Proyecto Neptuno', nombre con el que se referían al Popular aunque sin llegar a especificarlo. En el texto se aconsejaba ofrecer entre cero y 200 millones por esa sociedad «en el caso de un proceso de resolución».

El informe -con cifras parecidas a las que luego se supieron- se presentó al consejo del banco la víspera de que la presidenta de la JUR, Elke König, anunciara que tenían al Popular «bajo revisión» y se desplomara el valor de sus títulos. Desde el Santander rehusaron valorar la información de S&P y se remitieron a sus explicaciones en el Congreso.