Rato se escuda en el Banco de España y la CNMV o habría que «censurarlos»

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato (derecha), en una de las sesiones del juicio de Bankia./ EFE
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato (derecha), en una de las sesiones del juicio de Bankia. / EFE

El abogado del expresidente de Bankia afirma que hubo una «especial intensidad supervisora» y que las cuentas se reformularon solo por la crisis, no por un agujero multimillonario

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Era inevitable. Si hasta la Fiscalía Anticorrupción reprochó en su informe final al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que taparan el llamado 'caso Bankia', «negando su existencia» e intentando eludir responsabilidades, resulta normal que las defensas también se escudasen en la actuación de los dos supervisores para reclamar al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la antigua cúpula de dicha entidad que absuelva a sus miembros. Y es que, según arguyeron sus abogados, si aquellos órganos «intervinieron, dieron su beneplácito y visto bueno» a todas las decisiones «no puede existir dolo ni culpa», requisitos para una condena penal.

El primero en recurrir este lunes a ese argumento fue Ignacio Ayala, abogado del expresidente del banco Rodrigo Rato, quien tras admitir que «está claro que hay decisiones que sí se tomaron en los consejos, cómo no», precisó que las mismas fueron adoptadas «en el ámbito de la regulación y de la supervisión, según el modelo establecido y sometido a control». Así, por ejemplo, argumentó que los responsables de Bankia «fueron expresamente invitados», primero a fusionar media docena de cajas de ahorros mediante un proceso denominado Sistema Institucional de Protección (SIP) y luego a salir a Bolsa. «Es un proyecto de transformación del sector financiero, no surge de la voluntad de las partes», enfatizó ante los magistrados.

En sus conclusiones al final de un juicio que comenzó en la última semana de noviembre, el letrado del expolítico metido a financiero llegó a sostener que no se puede culpar a su cliente, ni al resto de acusados, de irregularidad alguna en las actuaciones que prepararon el estreno bursátil de la entidad porque eso implicaría que «también se ha producido una dejación de funciones» por parte de la CNMV, ya que la Comisión tenía «la regulación y el control» que realizó «por encima de los estándares normales», incluso a un nivel «extraordinario». Y el Banco de España, añadió, «autorizó el calendario y la estrategia para reconstruir el capital principal».

Hubo una «especial intensidad supervisora», insistió Ayala, quien aseveró que desde Bankia «se cumplió una vez más con todas las exigencias que se le hicieron», de manera que si se da credibilidad a las tesis de las acusaciones habría que concluir a la vez que las decisiones de los órganos supervisores fueron «erróneas» e incluso el Banco de España interpretó de forma «irracional» sus propias circulares. «Habría que censurarles», dijo, o de lo contrario en este procedimiento «no hay contabilidad paralela ni paraísos fiscales» sino solo «una buena praxis bancaria».

«Procesos automatizados»

En su alegato defensivo, el abogado de Rato llegó al punto de sugerir que los miembros del consejo de administración de Bankia casi se comportaban de manera automática, sin mucha capacidad de decisión porque la política contable de la entidad «es meramente técnica» y la formulación de los resultados se regía por «procesos automatizados». «No hay ocultación de datos» -insistió-, sino «valoraciones de manera distinta» puesto que la inspección del Banco de España tenía acceso a la información. Y sobre la reformulación de las cuentas en mayo de 2012, negó que fuera para aflorar pérdidas no reconocidas -aunque se pasó de un supuesto beneficio de 300 millones en 2011 a reflejar unos números rojos de casi 3.000 millones- sino porque «la crisis económica estaba acuciando» y había «información nueva».

Por su parte, el abogado de José Luis Olivas, quien fuera vicepresidente de Bankia y presidente de Bancaja, también reclamó la absolución de su cliente aunque centrándose en que éste fue uno de los perjudicados por el fiasco que terminó resultando el estreno bursátil del banco. «No es posible conciliar bajo la lógica el ser estafador y ser estafado», señaló el letrado Javier González, aduciendo que como su patrocinado invirtió 150.000 euros en esos títulos «es imposible que conociera ninguna irregularidad» -Rato gastó otros 250.000 euros en acciones-. También intentó desvincularse de la gestión de Banco de Valencia, a la que se achacan varias operaciones irregulares, porque su presidencia allí era solo «honorífica, de carácter institucional».