La banca pagará desde el lunes el impuesto de las hipotecas

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta medida se adopta para expresar «con toda contundencia y claridad» que el impuesto lo paga la banca. También se ha expresado en términos parecidos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha explicado que el decreto se limita a incluir un párrafo en el que se establece que el sujeto pasivo del AJD sean los prestamistas. «No se deja lugar a dudas», ha indicado Montero, consciente de que era la imprecisión sobre quién debía liquidar el tributo entre la ley que regulaba el AJD y su reglamento correspondiente, lo que ha provocado una profunda división en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con sentencias contradictorias que finalmente obligaron al cliente a abonarlo.

Además, el decreto incluye un cambio en la norma que regula el Impuesto de Sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el gasto el impuesto de las hipotecas y obtener así un beneficio fiscal. La cuantía que tendrán que asumir a partir de la próxima semana supera los 1.100 millones de euros al año.

En este sentido, la titular de Hacienda ha recordado que el Ejecutivo «velará» para que la banca no traslade a los clientes el coste de este impuesto en las condiciones de las hipotecas que conceda a través de la subida de los tipos de interés o las comisiones, por ejemplo. «Confío en que la elevada competencia del sector bancario evite estas situaciones», ha indicado Montero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anticipó ayer

Montero ha explicado que también vigilarán para que «no se incorporen cláusulas abusivas» a partir de ahora en los contratos hipotecarios. Por eso, el Ejecutivo «trabaja en paralelo en la creación de una Autoridad en defensa de los clientes financieros». Este organismo, que estará en vigor en pocas semanas, defenderá «los derecho de los consumidores y evitará potenciales abusos», ha indicado Montero.

Aunque se publique este viernes en el BOE, el decreto que incluye las novedades sobre el pago del AJD debe ser validado antes de un mes por el Congreso de los Diputados. El Gobierno confía en sacarlo adelante a tenor de las manifestaciones realizadas por los distintos grupos parlamentarios, que se han mostrado a favor, aunque también han aprovechado para proponer otras medidas, como la supresión del propio tributo, como quiere el PP. Sin embargo, Montero le ha preguntado si «eliminar una recaudación de unos 2.000 millones de euros al año implica hacerlo a costa del deterioro del Estado del Bienestar», a lo que la ministra se ha mostrado en contra.

Este cambio normativo pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un enconado debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias pronunciadas a mediados de octubre.

Antes de conocerse la «controvertida» sentencia del Supremo, que atribuía a los clientes la tasa, el Gobierno había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen, según enfatizó Celaá

Pero siempre «con todo respeto a la autoridad judicial», ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor mañana tras su publicación en el BOE.

La compra de vivienda es una cuestión en la que millones de personas «ponen la ilusión de su vida, es un proyecto vital», ante lo cual el Gobierno «ha mostrado su responsabilidad y rapidez en la respuesta actuando en 24 horas». El real decreto se publicará este viernes y entrará en vigor a partir de sábado.