La banca duda en el límite que aplicará para ayudar a los hipotecados

Las medidas planteadas van desde la aplicación de moratorias en el pago del principal hasta la congelación completa de las cuotas durante un periodo de 12 meses. Pero, según indican fuentes de las negociaciones, el centro de la discusión se centra estos días en delimitar a qué tipo de clientes se aplicará la propuesta que finalmente se decida.

Ya se sabe que las ayudas se destinarán a familias vulnerables. «El problema es que, por lo característico de la crisis actual, pueden existir hogares que actualmente no cumplen los requisitos para acceder al apoyo que se ofrece a través del código de buenas prácticas del sector», indican desde el sector.

Los datos que maneja el Banco de España son elocuentes. El supervisor estima que actualmente existen un millón y medio de familias altamente endeudadas –que emplean más del 40% de sus ingresos a pagar cargas financieras– tras sumarse 350.000 desde el inicio de la pandemia.

Los bancos coinciden en que el perfil de vulnerable ha cambiado en esta crisis, con hogares que han visto cómo la inflación ha desbaratado su presupuesto provocando que ahorrar a fin de mes sea casi un milagro tras afrontar la subida de la cesta de la compra o de servicios básicos como la luz o el gas. Así que modificar la definición de vulnerable resulta crucial. Yaquí es donde la discusión parece encallada.

El sector rechaza de momento cuantificar el saldo vivo que podría acogerse al futuro plan de ayudas. Pero, en general, se estima que los préstamos más sensibles a la brusca subida del euríbor serían, sobre todo, los variables firmados en los últimos cinco o seis años, teniendo en cuenta que es en los primeros años del préstamo cuando se pagan más intereses frente al principal.

Actualmente, el código de buenas prácticas denomina como vulnerables a las familias cuyos ingresos no superan el límite de tres veces el IPREM (6.948,24 euros al año) o a las que, en los cuatro años anteriores a la solicitud de la ayuda «hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas». Esto es, que el esfuerzo que supone la carga hipotecaria se haya multiplicado por al menos 1,5 veces.

También se entienden como circunstancias de especial vulnerabilidad cuando la cuota del préstamo supera el 50% de los ingresos del hogar, así como las familias numerosas, monoparentales con hijos a cargo o aquellas con uno de sus miembros con una discapacidad superior al 33%, entre otros supuestos.

En todo caso, los intentos para reestructurar la hipoteca a través de este código fracasan en numerosas ocasiones, principalmente porque no se cumplen los requisitos. Según las estadísticas de la comisión encargada de controlar su cumplimiento, la banca recibió el pasado año 7.870 solicitudes para este fin. De esa cifra, apenas 2.283 acabaron en reestructuración y solo hubo cuatro quitas. Otras 45 terminaron en dación en pago.

La banca se juega mucho. Ninguna entidad quiere incrementar su cartera de morosos, tras haber sobrevivido a la pandemia con tasas de impagos limitadas frente a las proyecciones más agoreras que apuntaban a que superarían el 10% en los peores momentos de la crisis.

En concreto, la morosidad del sector ronda actualmente el 3,8%. Y ninguna entidad quiere aumentar provisiones para hacer frente a este posible riesgo. Sobre todo ante las recientes advertencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que en un informe publicado esta semana apunta a que un 15% del crédito hipotecario en España es actualmente sensible a la subida de tipos de interés y a la corrección de precios esperada en el mercado inmobiliario (un 17% en Europa).

Dentro de las entidades también existe la firme convicción de que no se pueden permitir repetir errores del pasado que acabaron con una grave crisis reputacional que llegó incluso a suponer cierto riesgo financiero para ellas. Por eso, se prevé que en los próximos días se aceleren las negociaciones para presentar el acuerdo definitivo en las próximas semanas.