1,3 millones de españoles no tiene un cajero cerca para sacar efectivo

El Banco de España asegura que el grado de acceso físico a servicios financieros básicos y a medios de pago como el efectivo determina, en parte, el nivel de inclusión financiera de la población. En este sentido, advierte de que la reducción del número de puntos de acceso al efectivo desde 2008 ha sido «muy notable». El número de oficinas bancarias ha caído un 50% y el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20%.

El problema es la diferencia entre provincias, con un «efecto asimétrico sobre la cobertura de la infraestructura tradicional de efectivo y, por tanto, sobre el acceso a este medio de pago», explica el informe. Y aunque como valoración general, el organismo concluye que un elevado porcentaje de la población tienen un punto de efectivo a una distancia de menos de 5 kilómetros, casi 1,2 millones de ciudadanos no contaba a finales de 2020 con un punto tradicional de acceso al efectivo en su municipio.

Así, según el índice establecido por el Banco de España, alrededor de 340.000 personas viven en municipios con una vulnerabilidad alta de acceso al efectivo (0,7% de la población española). Estos son municipios que no cuentan con puntos tradicionales de acceso al efectivo y la distancia media al más próximo es de 9,4 km. Son municipios pequeños, con una población media de 400 habitantes. Las provincias de León, Salamanca y Zamora concentran la mayor parte de la población con alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo, señalan.

Además, cerca de un millón de ciudadanos viven en municipios con una vulnerabilidad media. Es decir, en promedio tienen 0,6 puntos de acceso por cada 1.000 habitantes y la distancia media a ellos es de 3 km. Son municipios medios, con unos 1.700 habitantes. Las provincias gallegas de Lugo, La Coruña y Orense concentran el 24% de la población de vulnerabilidad media de acceso al efectivo.

Así, aunque más del 98% de la población tiene un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de 5 km, aunque no esté localizado en su municipio, el informe concluye que existe una gran heterogeneidad entre regiones. Mientras que en seis provincias españolas (como Vizcaya, Tenerife o Cádiz) y en Ceuta y de Melilla el 100% de los habitantes disponen de una oficina bancaria o de un cajero en un radio de 5 km, en otras 36 provincias este porcentaje se sitúa entre el 90% y el 99%, y en ocho es inferior al 90%. Castilla y León es la comunidad con una cobertura menos amplia, con Zamora y Ávila a la cabeza.

Al final de 2020, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos en España se situaba en 22.299 y en 49.481, respectivamente. Esto supone 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español. A nivel provincial, Cuenca es la que dispone de un mayor número de puntos por cada 1.000 habitantes (2,4), aunque se encuentran concentrados6 en un número relativamente bajo de municipios dentro de la provincia. En el lado opuesto se encuentra Cádiz, con 1,1 puntos de acceso por cada 1.000 habitantes, distribuidos geográficamente de forma relativamente más homogénea.

El organismo ha analizado además las consecuencias de un eventual cierre de oficinas en diferentes regiones y concluye que el impacto es «muy desigual» entre provincias porque depende de su situación actual. Así, al comparar Cáceres y Soria, en la primera hay casos con un único punto de acceso al efectivo que presta servicio hasta a siete municipios, por lo que su desaparición tendría un efecto muy negativo en la cobertura de la red.

Mientras que en Soria, a pesar de que actualmente tiene una cobertura similar a la de Cáceres, el cierre de estos puntos de acceso tendría un impacto menor aunque se elevara la distancia media de acceso a un punto de efectivo hasta los 13,5 km de media.

Y aunque están aumentando las oficinas móviles que facilitan el acceso a servicios bancarios sobre todo en zonas rurales, así como el impulso a la red de oficinas de Correos como medio alternativo para dar efectivo, su implantación en España está aún muy por debajo de la de países como Irlanda, Reino Unido o Australia. El Banco de España destaca que el impulso al uso de las oficinas de Correos para este fin podría ser muy positivo por su amplia dispersión y capilaridad en el territorio.