Casi la mitad de los autónomos y pymes aplazará la incorporación de Verifactu

Este jueves el Congreso ha convalidado el real decreto-ley que aprobó el Gobierno para cumplir con las exigencias de Junts -y en el que está incluido la normativa que implica la transmisión inmediata de los datos de facturación de las empresas a Hacienda- pero los datos certifican el gran desconocimiento que sigue rodeando a la norma y sus plazos.

Casi la mitad de los cinco millones de autónomos y pequeñas empresas que hay en España desconoce que VeriFactu se aplaza a 2027 -en el caso de empresas al 1 de enero y en el de los autónomos al 1 de julio, según un informe de Ipsos encargado por TeamSystem a partir de 845 entrevistas a autónomos, pymes y asesores. Más de la mitad de los encuestados tiene previsto retrasar la incorporación a su negocio del nuevo sistema de verificación. Asimismo, casi un 20% se muestra escéptico y cree que no se aplicará ese año.

Prueba de que buena parte de este colectivo no estaba preparado, tal y como advertían desde las organizaciones de autónomos, es que en noviembre el 63% de los afectados admitía no tener un plan definido ante la implementación de la nueva norma de facturación, recuerdan desde TeamSystem.

El lado positivo de este retraso es que casi la mitad de los encuestados seguirá adelante con esta transformación. El sistema ya funciona en pruebas, por lo que las empresas y profesionales que lo deseen pueden hacer la transición antes de que sea obligatorio, sin que les penalicen los posibles errores. El 43% traslada que dará el salto entre el segundo y el tercer trimestre de 2026. «Es una buena noticia que se haga de forma escalonada», afirmó este miércoles Emilio Martínez, countrymanager de TeamSystem España, en un encuentro con periodistas para compartir los datos del estudio.

Desde esta compañía prefieren ver el vaso medio lleno e interpretan este año extra como una oportunidad para llegar más preparados. El aplazamiento modifica a partir de cuándo será obligatorio emitir facturas verificables, pero no retrasa la obligación de que cualquier software adquirido a partir del 29 de julio de 2025 esté completamente adaptado a Verifactu y al Reglamento SIF (Sistemas Informáticos de Facturación). Es decir, cualquier empresa que compre un programa de facturación -ya sea porque cambia de software, abre una nueva actividad o incorpora nuevos módulos- tiene que hacerlo con una solución totalmente homologada, aunque la obligación de usar Verifactu no entre en vigor hasta 2027.

«Para el autónomo esta adaptación supone en algunos casos una pequeña inversión. Esta pausa de un año puede hacer más fácil que estas compañías que tienen una sensibilidad importante al precio vayan probando, haciendo pilotos, acostumbrándosea trabajar con sus asesores y a esos procesos automatizados», agrega Martínez.

En este sentido, el 41% de los encuestados asegura que si se prorrogasen ayudas como el kit digital aceleraría la adopción de la nueva norma de Hacienda de facturación electrónica. El pasado 31 de octubre terminó el plazo de solicitud de bonos de ayudas que variaban en función del tamaño de la empresa -entre 3.000 euros para autónomos y microempresas con menos de 3 exempleados y convocatorias para pymes y empresas medianas con ayudas de hasta 12.000 euros y entre 25.000 y 29.000 euros, respectivamente.

«Los asesores están trasladando que sería muy bien visto por el sector que esa prórroga se viera acompañada de una extensión de las ayudas porque de alguna manera amortiguaría de aquellas empresas que podrían estar adaptándose», añade Martínez.