Cuenta atrás para la próxima reforma de las pensiones

Hasta que no se conozca la nueva composición parlamentaria resulta difícil anticipar por dónde irán los cambios, pero hay un cierto grado de acuerdo en que esta vez la reforma ha de hacerse por consenso y "debe pivotar sobre los ingresos y aportar fuentes adicionales de financiación de la Seguridad Social", explica Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. Precisamente el sindicato que lidera Ignacio Fernández Toxo propuso en 2013 que las prestaciones derivadas de fallecimiento (viudedad y orfandad) se financien con impuestos. Una idea que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho suya y que ha abierto el debate de qué pensiones deben ser contributivas -y cubiertas con las cotizaciones sociales- y cuáles no. Por su parte, el PSOE aboga por un impuesto finalista que nutra las arcas de la Seguridad Social pero que no se destine a unas prestaciones concretas, sino que vaya a la caja común para todas las pensiones.

Las prestaciones por viudedad representan un gasto anual de 21.000 millones de euros -y casi 2.000 millones las de orfandad-. Financiar estas pensiones con impuestos rescataría de sobra a la Seguridad Social de su déficit. Pero dejarían de ser contributivas y, si pasan al sistema asistencial, debería producirse una igualación de la cuantía que se pague a las viudas o viudos, explica Luis Sáez de Jáuregui, director de negocio de particulares de la aseguradora AXA, lo que acabaría provocando una rebaja de las pensiones de viudedad más altas (aunque el grueso de las prestaciones está entre 600 y 700 euros). Incluso, el Gobierno podría limitar el pago de la prestación a que no se tengan otros ingresos o no disponga de patrimonio. Si se está dentro del sistema contributivo, se cobra en función de lo aportado a lo largo de la vida laboral y es vitalicio. Si es una prestación asistencial sólo se abona a quien tiene necesidad. Otro conflicto es que los actuales afiliados a la Seguridad Social están cotizando para cubrir la contingencia de viudedad y tienen esa expectativa de derecho. Por eso, desde CC OO se propone un periodo de adaptación de al menos 20 años.

Ni el PSOE ni UGT apoyan que las pensiones de viudedad y orfandad pierdan su naturaleza contributiva. No obstante, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, admite que habrá que abrir en el futuro un debate para la reforma "en profundidad" del sistema de viudedad. De hecho, dentro del PSOE algunos ven con interés limitar el tiempo durante el que se cobre la pensión de viudedad, como ya se hace con la de orfandad. La cada vez mayor incorporación de la mujer al mercado laboral puede hacer anacrónico que se tenga que pagar una pensión vitalicia a las viudas, pero tendría sentido, dicen, ayudar durante unos años a adaptarse a una situación de menores ingresos familiares mientras se ajustan los gastos o se renegocia la hipoteca. La prestación de viudedad la reciben tanto viudas como viudos, aunque las primeras representan el 92,6% del total de perceptores.

Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, lo que plantea el Gobierno es "quitar gastos" a la Seguridad Social, pero "evita el debate real que es buscar otras fuentes de ingresos". A su juicio, reformar la viudedad "condena a muchas mujeres a no trabajar porque no van a querer perder la pensión". En cuanto a otras medidas, el PSOE es partidario de reformar la revalorización de las pensiones que aprobó el PP "porque ha condenado a los pensionistas a no tener más subidas que el 0,25% durante los próximos cinco o diez años", señala López i Chamosa. Las proyecciones enviadas por el Ejecutivo a Bruselas reflejan déficit hasta 2019. Y no rechaza seguir ampliando el periodo para calcular la pensión (ahora en 25 años).

En los últimos cinco años se han hecho dos grandes reformas. Con el Gobierno socialista se retrasó de 65 a 67 años la edad de jubilación -ya está en vigor aunque se hará de forma progresiva hasta 2027-, se elevó de 35 a 37 años el periodo de cotización necesario para tener derecho al 100% de la pensión -a partir de 2027 alcanzará los 38 años y medio- y se amplió de 15 a 25 años el período para calcular el importe de la prestación. En 2013, el Gobierno del Partido Popular hizo una nueva reforma e impuso el Indice de Revalorización de las Pensiones, en función del cual las prestaciones no podrán subir más del 0,25% mientras el sistema esté en déficit, y adelantó la aplicación del factor de sostenibilidad sobre los nuevos pensionistas, que reduce la cuantía mensual de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida.

Menor cuantía

"¿Por qué lo llaman reforma cuando quieren decir bajada?" se pregunta Luis Sáez de Jáuregui, director del negocio de particulares de la aseguradora AXA. Los cambios ya aprobados llevarán a que las pensiones de los futuros jubilados se recorten en torno a un 28% sobre la expectativa de lo que hubieran sido sin el endurecimiento de las condiciones, según el análisis realizado por AXA. Por ejemplo, la aplicación del factor de sostenibilidad supone un recorte de la pensión mensual de un 5% por cada año que aumenta la esperanza de vida. Retrasar dos años la edad de jubilación permite reducir en torno a un 14% el pago de la pensión a lo largo de la vida.

Casi todas las medidas adoptadas se han encaminado a recortar el gasto en pensiones ante la perspectiva de quiebra del sistema. Desde 2012, la Seguridad Social ha tenido que echar mano del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. En la hucha de las pensiones quedan 39.520 millones de euros. Casi la misma cantidad que se ha sacado de la hucha en los últimos cuatro años (37.701 millones más 5.350 millones utilizados del fondo de las mutuas). Es decir, que de seguir así, en cuatro años el Fondo de Reserva se agotará. Y prácticamente nadie cree que la Seguridad Social vaya a cumplir los objetivos de ingresos o de déficit. Los ingresos liquidados por cotizaciones sociales no han dejado de bajar desde 2009, con descensos de hasta el 4% en 2012. Sin embargo, el Gobierno ha presupuestado este año un aumento de los ingresos del 7,6% sobre lo presupuestado en 2014 -un 10,7% si se compara con lo verdaderamente liquidado- y para el año que viene confía en que los ingresos por cuotas suban un 7%. La Autoridad Fiscal Independiente no lo ve nada realista.