El cierre del fondo sur del Metropolitano se reduce a un solo partido

Dos días después de que la Comisión Antiviolencia propusiese la clausura total del Metropolitano durante dos semanas y una multa de 65.000 euros, sanción calificada por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, como «necesaria, justa y proporcional», Apelación destacó que la clausura por un partido es «adecuada, ajustándose a la gravedad de la infracción, y proporcional». La guerra entre el Gobierno y la FEF se traslada así a los despachos a cuenta de los incidentes durante el derbi, calificados como «muy graves» por parte del Comité de Competición y de Antiviolencia y como «graves» por Apelación. La sanción federativa es independiente de la que reclama Antiviolencia.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, anunció que habría una respuesta «contundente y severa» a los incidentes de público del Metropolitano. Sin embargo, mientras la propuesta de Antiviolencia que afectaría a 70.000 aficionados por el comportamiento de una minoría se resolverá a largo plazo en los tribunales ordinarios, la FEF, a través de Apelación, ha dado un pequeño espaldarazo al Atlético al atender parte de sus alegaciones. Este tribunal coincide con el Atlético en que las infracciones no pueden considerarse como muy graves, por lo que se le impone al club la sanción deportiva mínima recogida en el Código Disciplinario al tratarse de la primera vez en la temporada. También fija Apelación la sanción económica prevista en su mitad inferior, al estimar la circunstancia atenuante «consistente en la colaboración en la identificación de las personas responsables de los hechos».

Hasta el momento, el Atlético ha expulsado «de forma permanente» a cuatro socios identificados como autores de los lanzamientos de mecheros, botellas de agua y otros objetos a Courtois, pero su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, ha cargado contra la falta de colaboración de la Policía «para poder actuar contra los violentos». «La propuesta de sanción (de Antiviolencia) habla de seis identificados y veinte sospechosos que se están investigando de los que no tenemos ninguna información por parte de la Policía», lamenta Gil Marín, que reclama «que se proporcione al club la identidad de esos 26 para poder proceder de la misma manera que con los cuatro expulsados».

Apelación dice haber valorado «de manera adecuada y loable el esfuerzo y las medidas adicionales adoptadas por el Atlético», pero considera que «a pesar de ello, existen aspectos que podrían haberse gestionado mejor y se podrían haber implementado medidas adicionales». «Resulta evidente que, tratándose de un encuentro de máxima rivalidad, las medidas preventivas adoptadas por el club no pueden considerarse suficientes», subraya Apelación.

Respecto a las actuaciones tras los incidentes, estima que «no fueron suficientes para contener y prevenir la persistencia del desorden y si cabe, más preocupante aún es que varias personas permanecieron con el rostro cubierto y enmascarados incluso durante todo el tiempo que duró la suspensión del encuentro, sin que el club hiciera ningún esfuerzo visible para identificar y expulsar a estos individuos del estadio».

Entre sus alegaciones, el Atlético apuntó que «se reforzó en un 25% la seguridad, especialmente en el fondo sur bajo y la zona de la afición visitante, áreas identificadas como sensibles» y aludió a que «se implementaron medidas adicionales de control de accesos, enfocadas en evitar la entrada masiva de personas con mascarillas, en respuesta a campañas previas que pretendían promover comportamientos provocativos». El club rojiblanco también alegó que condenó los hechos tras el derbi.