El CTA pretende equiparar a los árbitros con los policías

Durante su participación en el congreso Portugal Football Summit, que se celebra en Oeiras (Portugal), Soto debatía sobre el futuro del arbitraje y las perspectivas nacionales e internacionales acerca de este colectivo. El dirigente de los árbitros españoles hizo referencia a los retos que se encontrará en un futuro próximo y dio pistas de los proyectos que tiene en mente para mejorar a los árbitros.

Soto no quiso terminar su intervención sin hacer un llamamiento para erradicar la violencia contra los árbitros en los campos, sobre todo en el fútbol formativo y en el no profesional. «Queremos que al árbitro se le considere como un agente de la autoridad, que cualquier agresión sea asimilable a cuando se agrede a un policía. En Francia e Italia ya trabajan con algo parecido. No es fácil, ya que para al árbitro se le trate como a un policía se necesita un cambio legislativo«, desgranó el dirigente gallego.

En esta línea, Fran Soto prevé reunirse en los próximos días con el CSD para trasladar a su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, esta idea que busca poner coto a las agresiones y endurecer las penas contra los violentos. Si desde el Gobierno aceptaran debatir sobre esta modificación legislativa sin precedentes, las agresiones podrían ser juzgadas como delitos de atentado contra la autoridad, penados de uno a cuatro años de prisión. Asimismo, los insultos y las coacciones podrían ser considerados como un delito leve de amenazas o injurias contra la autoridad, con altas multas económicas e incluso con penas de prisión si el condenado tiene antecedentes penales.

Se trataría de una medida sería histórica que cambiaría radicalmente la concepción de los árbitros de fútbol, así como el trato hacia ellos, pero que generaría enorme controversia en otros colectivos. En España, los agentes de la autoridad propiamente dichos solo son los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir, Policia Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y también policías locales.

No se deben confundir con las personas que disfrutan de autoridad pública y son funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Es decir, figuras como jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, profesores, médicos, notarios, registradores o parlamentarios. Esta consideración, que sería algo menos complicado poder conseguir en referencia a los árbitros, les dota de una mayor protección legal, clasificando cualquier ataque hacia ellos durante el ejercicio de su función como un atentado, con penas más severas que las de una agresión común.