Desgraciadamente, vivimos momentos convulsos en todos los órdenes: político, social y económico. El automóvil, hasta el mes de agosto, había sido ajeno a estos avatares, ... hasta que el ruido ambiental generado por declaraciones del Ministerio de Transición Ecológica, desinformadas y sin fundamento, respecto a las nuevas tecnologías que incorporan los modernos motores combustión han llevado a criminalizar a estas tecnologías y a sus propietarios.
Esto no sería grave si no acumuláramos seis meses de caídas en un sector que genera dos millones de puestos de trabajo en nuestro país. Pero es que el foco del problema es erróneo. No podemos pensar en descarbonizar nuestras ciudades sin tomar conciencia de que, de los veinticinco millones de vehículos que circulan por nuestro país, quince millones tienen más de diez años. El achatarramiento de estos vehículos es lo realmente urgente, sustituyéndolos por nuevos motores de combustión, muy poco contaminantes o, cómo no, por motores de propulsión cero emisiones a ser posible, sobre todo una vez que su desarrollo tecnológico lo permita de forma masiva.
Querer adelantarnos a los avances de la técnica va contra el sentido común y contra los ciudadanos. Prohibir la fabricación, venta o circulación de los modernos motores diésel es agitar una bandera medioambiental absolutamente demagógica que va contra los intereses de nuestro país, de los dos millones de empleados de este sector y de los dieciocho millones de propietarios de vehículos diésel que compraron sus coches alentados por los diferentes gobiernos debido a sus menores emisiones.
Es una buena noticia la puesta en marcha de un Consejo Estratégico de Automoción compuesto por gobierno, concesionarios, fabricantes y sindicatos para aclarar el futuro de un sector tan importante para nuestro país y que esta transición necesaria sea ordenada y justa. Ordenada, poniendo el foco donde realmente tenemos el problema, que en nuestro caso es tener el parque más antiguo de Europa; y justa, porque el ciudadano que tiene un vehículo con esta antigüedad es porque en muchos casos no puede permitirse otro. Hay que incentivar y no prohibir. Estamos hartos de prohibiciones, pagamos los sueldos a nuestros políticos para que faciliten la vida al ciudadano y no para que recorten nuestros derechos.
Esperamos los concesionarios que este Consejo sirva para dar luz a la hoja de ruta que todos deberíamos seguir. Evitar las 'ocurrencias' de los distintos ayuntamientos y comunidades autónomas, porque no podemos permitirnos decenas de planes de calidad del aire en cada administración pública y que además sean contradictorios entre sí.
Y, por cierto, Granada es la tercera ciudad más contaminada de España. Los concesionariossomos los más cercanos al cliente y quienes más conocimiento podemos aportar sobre motorizaciones y emisiones. No tenemos noticia de cualquier plan de mejora o iniciativa en este sentido. Espero que no ocurra lo mismo a nivel local que ya ocurrió a nivel nacional y se tenga en cuenta la opinión de los expertos.
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